Cárceles rojas rojitas, por Teodoro Petkoff
Quizás sean las cárceles del país el lugar donde sea dable observar con mayor amplitud la escandalosa quiebra de las instituciones del Estado venezolano. Se trata de un tema que no atrae la atención pública sino como noticia de página roja, pero si la mayoría de la gente dedicara un instante de reflexión acerca de lo que ocurre en las prisiones venezolanas percibiría el estrecho nexo que existe entre la situación en ellas y la espantosa expansión de la criminalidad en el país. Pero, más allá de la desaprensión de la opinión pública, es responsabilidad del gobierno y del Estado garantizar un sistema carcelario acorde con las exigencias del penitenciarismo moderno. El gobierno de Chacumbele es autoritario pero tiene poca autoridad.
En las cárceles venezolanas muere un promedio de 400 internos al año. Más de uno diario. La mayoría por armas de fuego. ¿Cómo puede explicar el gobierno la aterradora profusión de revólveres, pistolas, metralletas y granadas dentro de los establecimientos penitenciarios? Que los internos fabriquen chuzos es prácticamente imposible de impedir, pero que anden con armas de fuego es incomprensible e inaceptable.
Sin embargo, ocurre. La reciente matanza en La Planta es suficientemente elocuente al respecto. En ninguna parte, que se sepa, existe algo parecido a lo de las cárceles venezolanas en materia de armamento. El Estado, constitucionalmente, está obligado a garantizar la vida de las personas que están recluidas en sus prisiones. Esa es una garantía más de las que el señor Chávez se pasa por el forro. Un normal ejercicio de autoridad habría superado este aspecto de la difícil conjunción de calamidades que caracteriza al sistema penitenciario nacional.
Es imposible que los arsenales existentes dentro de las prisiones hayan entrado sin la participación activa de la custodia, tanto civil como militar, pero en particular esta última, a cargo de la Guardia Nacional.
La introducción de armas a los penales es un jugoso negocio, manejado, como ha sido denunciado tantas veces, sobre todo por gente de la Guardia Nacional. ¿Alguna vez el gobierno ha investigado estas denuncias? ¿Ha tomado medidas para impedir que tamaña irregularidad se produzca? La respuesta es negativa. No lo ha hecho nunca.
La fulana «humanización» de las cárceles, que tanto pregona el ministro del Interior, debe comenzar por garantizar la vida de los reclusos, impidiendo que se maten entre sí. Es el mínimo de humanidad que debe darse a reclusos y sus familiares. Pero, además, un poquito de sentido común revelaría que los crímenes en las cárceles rebotan hacia el exterior y que muchos arreglos de cuentas en las barriadas –con la consiguiente muerte de inocentes, sobre todo niños–, que tanto pesan en el escalofriante balance semanal de homicidios, tienen su origen en los penales.
¿Sería mucho pedirle a Tarek El Aissami que en los ratos libres que le deja el ejercicio de la represión política haga lo posible por imponer la autoridad del Estado en las cárceles venezolanas?
