Bajo los escombros, por Gregorio Salazar
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Devastación sobre lo devastado. Los dos terremotos del 24 de junio transparentaron crudamente la realidad de un país que en uno de los peores momentos de su historia, de mayor retroceso en las condiciones de vida de sus ciudadanos, recibió el impacto de las fuerzas telúricas que a lo largo de los siglos se ha hecho fatídicamente presente en la capital de Venezuela y su litoral central.
A dos semanas del doble sismo es constatable que el fenómeno afectó considerablemente a la alicaída clase media, un sector de la sociedad que entró en franco retroceso a medida que Venezuela fue conducida en lo que va del siglo XXI a una crisis socioeconómica de la cual la desaparición del salario es el signo más característico y determinante.
Fueron urbanizaciones de la hoy precarizada clase media donde colapsaron las mayoría de las edificaciones. En Caracas, San Bernardino, Chacao, Altamira, Los Palos Grandes, El Paraíso, Simón Rodríguez, Pinto Salinas.
Y lo mismo en Guarenas y diversas propiedades horizontales y hoteles del litoral central en el Estado La Guaira, donde más de cien edificios resultaron afectados y bajo cuyos escombros permanecen atrapadas un número indeterminado de víctimas fatales. Edificaciones de interés social fabricadas por la Misión Vivienda también se derrumbaron dejando un número importante de muertes y damnificados.
Un doble sismo de enorme magnitud (7.2 y 7.5 en escala Richter) como el que sacudió a Venezuela puede sobrepasar, ciertamente, la capacidad de respuesta inmediata de un Estado.
Otra cosa es que quienes gobiernan ese Estado se haya dedicado por años a desatender su red hospitalaria nacional en beneficio de un programa comprado a otro país, como lo fue la misión cubana Barrio Adentro, a la que se privilegió con ingentes sumas de recursos durante más de dos décadas.
Desde hace mucho tiempo, cualquier venezolano que se vea en la necesidad de recurrir al sistema de asistencia sanitaria del sector público sabe que debe presentarse con los insumos más elementales, desde las vendas, los medicamentos, las inyectadoras o las batas desechables que se utilizan en las intervenciones quirúrgicas.
Esa es la realidad con la que tendrán que batallar los más de once mil heridos que hasta ahora registran las cifras oficiales. Y esa es una responsabilidad inexcusable del régimen venezolano.
Ha sido admirable cómo sobreponiéndose al dolor y al abatimiento, miles y miles de ciudadanos, familiares, vecinos con apoyo de brigadistas traídos desde el interior del país se volcaron a la asistencia humanitaria de las víctimas y a la búsqueda desesperada de quienes quedaron bajo las estructuras colapsadas.
A ellos se unieron rescatistas sumamente experimentados de más de treinta países, que han aportado su visión y sus recomendaciones sobre lo que debe hacer un gobierno en estos casos. Y han logrado trabajando sin descanso salvar decenas de vidas.
Vale destacar la opinión del jefe de los Topos Chilenos, Francisco Lermanda, quien ha trabajado en más de 45 catástrofes, desde terremotos hasta inundaciones, fuera de Chile. «Los países tienden a cometer dos errores fundamentales en este tipo de terremotos: Lo politizan y lo militarizan. En Venezuela hicieron las dos cosas».
De esta forma, según Lermanda, se va contraponiendo la toma decisiones entre lo político y lo militar y quien tiene la experiencia y el conocimiento. Su equipo vivió todo tipo de obstrucciones oficiales para desempeñar su tarea.
Cuando Lermanda señala que los niveles de destrucción que ha visto en Venezuela son los mayores que ha presenciado, se pregunta por qué colapsaron los edificios de gran altura, que no son los que comúnmente se derrumban durante estos eventos.
Se pregunta quién autorizó técnicas de construcción donde se utilizó anime, quién hizo los estudios de terreno y quien autorizó las construcciones en esa zona. A su juicio, se necesitará un peritaje para determinar, por ejemplo, por qué el hormigón de algunos edificios se pulverizó. ¿Qué comisión independiente, con imparcialidad y credibilidad cumplirá esa tarea?, nos preguntamos nosotros.
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El talante autoritario del régimen no tardó en hacerse presente, decomisando los acopios hechos por ciudadanos y Ong, ampliamente denunciado, lo mismo que las restricciones informativas a la prensa nacional y extranjera con las cuales el riesgo es que se trate de extender un manto de opacidad sobre los datos estadísticos y las causas que potenciaron esta gran tragedia, como lo ha hecho históricamente sobre aspectos económicos y sociales de la vida nacional.
Los especialistas ya han dibujado sombrías expectativas sobre el impacto económico del doble siniestro con el consecuente retroceso en lo económico y lo social.
Una vez más se hace patente el sino de la condena de Sísifo, bajo el cual parece regirse la vida de los venezolanos desde hace más de dos décadas. Cuando creemos que se puede comenzar a remontar la cima de lo político y lo económico la inmensa mole de la crisis vuelve a caer sobre nosotros.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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