Atletas y entrenadores en los Juegos Bolivarianos, por Jesús Elorza
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El papel de los entrenadores y atletas venezolanos en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2025 debe conceptualizarse como un acto de heroísmo cívico y resiliencia extrema, forzado a operar en un sistema deliberadamente fallido. Su esfuerzo no solo buscó mantener la competitividad, sino también salvaguardar la dignidad del deporte venezolano frente a una crisis estructural impuesta desde la gestión pública.
El mayor valor aportado por los atletas y entrenadores honestos fue su resistencia moral contra las prácticas fraudulentas y la corrupción. A pesar de la opacidad financiera y de que las federaciones no recibieran los presupuestos necesarios para sus Programas Operativos Anuales (POA), los atletas y entrenadores mantuvieron sus programas de entrenamiento mediante el autofinanciamiento, el apoyo familiar o la autogestión de sus comunidades. Su compromiso con el país se mantuvo intacto, sin ser cooptados por los fondos «desconocidos» o malversados.
La mayoría de los atletas y entrenadores enfrentaron con dignidad la política de «Naturalización Exprés», como la vista en la selección de softbol femenino. Su presencia en la delegación representó un reclamo silencioso por el valor del talento forjado en Venezuela, defendiendo la identidad nacional genuina frente a la consigna populista que prioriza el resultado artificial sobre el desarrollo de base.
La preparación para los Juegos Bolivarianos 2025 se convirtió en un acto de supervivencia, donde los atletas y entrenadores asumieron roles que debían ser responsabilidad del Estado.
El atleta operó como su propio gestor de recursos. Ante la carencia de un Programa de Asistencia Integral (becas, atención médica, transporte y alimentación), muchos tuvieron que trabajar o depender de la diáspora familiar para financiar su entrenamiento, sacrificando su tiempo de recuperación y estudio. El entrenador, por su parte, tuvo que convertirse en un psicólogo, nutricionista y gestor de recursos ad honorem.
Los entrenadores mostraron una lealtad excepcional a su vocación, a pesar de tener contratos colectivos congelados desde el 2000, recibir salarios y pensiones de hambre, y no contar con seguros HCM. Esta persistencia, en medio de la discriminación salarial frente a figuras extranjeras, es la demostración de un profundo compromiso ético con su deporte.
La permanencia de estos atletas y entrenadores en el país es la última línea de defensa contra la desintegración total del deporte venezolano. Su esfuerzo, a pesar de las tentaciones de la diáspora, mantuvo encendida la llama de la competitividad y la esperanza para las nuevas generaciones.
En conclusión, el papel de este capital humano fue el de sostener la actividad deportiva por la vía de la voluntad y la ética, exponiendo con cada medalla —ganada o perdida— la grave crisis de gestión y corrupción que necesita ser erradicada.
Si bien los atletas y entrenadores han demostrado un heroísmo indudable al sostener la competitividad en medio del colapso, el silencio frente a la desidia gubernamental se convierte, inevitablemente, en un apoyo tácito al statu quo. La participación de Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2025 fue una exhibición de resiliencia épica, no de excelencia sistémica.
Los atletas y entrenadores, al competir sin becas, sin seguros HCM, y con salarios de hambre, demostraron una lealtad inquebrantable a la nación. Sin embargo, esa misma lealtad está en riesgo de ser instrumentalizada.
El régimen y la dirigencia deportiva inescrupulosa dependen del silencio de las víctimas para que la narrativa oficial —la de la «Generación de Oro»— prevalezca sobre la realidad de la corrupción y el abandono.
Permanecer callado ante las continuas violaciones a los derechos laborales y humanos convierte al desempeño deportivo en una herramienta de propaganda gubernamental. Cuando un atleta triunfa, el éxito es inmediatamente capitalizado por quienes han desviado los recursos del Fondo Nacional del Deporte. El silencio permite que la dirigencia corrupta siga operando sin rendir cuentas sobre los recursos millonarios «desconocidos». ¿De qué sirve el esfuerzo si el dinero destinado a becas y la seguridad social sigue durmiendo el «sueño del burócrata» o financiando el fraude de la «naturalización exprés»?
No alzar la voz frente a la discriminación salarial (en favor de figuras como los «entrenadores cubanos» o atletas naturalizados) y el congelamiento de los contratos colectivos desde el año 2000 es una traición a la base trabajadora del deporte: obreros, empleados y entrenadores activos, jubilados y pensionados.
Callar sobre la falta de un Programa de Asistencia Integral o la precariedad de los seguros HCM es aceptar que la vida y la salud del atleta son descartables una vez que ya no producen medallas.
Los atletas y entrenadores tienen a su disposición las bases primarias de la organización deportiva para canalizar su protesta de manera organizada y legítima:
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Asociaciones de Atletas: Deben dejar de ser entes pasivos y transformarse en sindicatos de defensa de derechos. Su misión es utilizar la plataforma pública que les da el alto rendimiento para exigir la restitución del patrimonio, el pago de becas dignas y el fin del fraude de la naturalización ilegal.
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Colegio de Entrenadores: Los entrenadores tienen el deber ético de denunciar las injusticias laborales y el colapso de la formación académica (como el cierre de la Escuela Nacional de Entrenadores). El gremio es el instrumento para exigir la homologación de pensiones y jubilaciones y el rescate de los fondos de las Cajas de Ahorro.
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El momento de la verdad para el deporte venezolano no se gana en un podio, sino cuando sus protagonistas deciden que su autoridad moral vale más que un silencio comprado con migajas. La voz de los atletas y entrenadores es indispensable para desmantelar la dirigencia opaca y construir «Un deporte mejor en una sociedad mejor.»
