Argentina: la corrupción se fortalece en un Estado que se debilita, por Alejandro Román
La corrupción en Argentina es estructural y se ha arraigado a lo largo de los años. Desde una dirigencia política que utiliza las instituciones del Estado para beneficio personal, hasta una justicia lenta e ineficiente que coexiste con la impunidad.
Así se ha generado el clima de desconfianza donde la imagen que la sociedad tiene de quienes están en la política y la justicia es cada vez más negativa.
Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), realizado anualmente por Transparencia Internacional, destaca la tendencia negativa del país. El resultado del índice de 2025, último disponible, ubica a Argentina en el puesto 104 de 180, empeorando respecto de la posición 99 que se consiguió el año anterior.
Escándalos como el de la criptomoneda $Libra que involucra directamente a Milei, los posibles pagos de sobornos de proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad a funcionarios públicos o el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete y anterior vocero del gobierno, una de las caras visibles de una gestión que llamó a «combatir la casta», han profundizado la percepción de la corrupción.
La vuelta de $Libra
En 2025, Javier Milei promovió una criptomoneda que colapsó tras atraer inversores, dejando pérdidas totales para los usuarios y ganancias para sus creadores. Investigaciones periodísticas revelaron un presunto acuerdo millonario vinculado al presidente con el proyecto y su entorno cercano.
Este caso es un ejemplo de las fallas del sistema de pesos y contrapesos. La Cámara de Diputados creó una comisión investigadora pero esta no tiene la capacidad para obligar a funcionarios a declarar.
Por otro lado, la justicia fue denunciada, por esta misma comisión, por demorar la investigación. Mientras, el Ejecutivo armó su propia Unidad de Tareas de Investigación, cerrada luego de haber «concluido su labor».
El resultado de la investigación, supuestamente enviado a la justicia, no fue compartido con organizaciones de la sociedad civil, siendo una posible violación al derecho de Acceso a la Información Pública.
Este caso refleja las fallas de control entre los poderes del Estado, además de la falta de herramientas para investigar y sancionar delitos vinculados a la corrupción.
Por lo tanto, la posición negativa de Argentina en el índice no se debe solamente al escándalo, sino también a la pobre respuesta del Estado que profundiza la sensación de impunidad.
La Ley de Ética Pública en jaque
El ascenso de Manuel Adorni a Jefe de Gabinete puede leerse como la consolidación de su inserción en el núcleo de poder que rodea a Javier Milei, donde la proximidad a figuras clave del oficialismo funciona como principal criterio de acumulación de influencia.
Más que un recorrido basado en capacidades técnicas, su trayectoria demuestra el peso de las lealtades personales en una estructura decisoria altamente concentrada.
Las controversias vinculadas a viajes oficiales y privados, junto con las inconsistencias en la explicación de su financiamiento, introducen dudas sobre la transparencia en el ejercicio del cargo.
La falta de documentación respaldatoria, sumada a la relación con actores vinculados a contrataciones estatales, sugiere posibles zonas grises en la gestión de recursos y en la delimitación entre funciones públicas y privadas.
En este contexto, las irregularidades patrimoniales y los beneficios indirectos en su entorno cercano refuerzan la hipótesis de conflictos de interés, tensionando los principios de la ética pública.
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La posible vulneración de normas –como la prohibición de recibir beneficios indebidos o de incurrir en incompatibilidades– no solo compromete responsabilidades individuales, sino que también expone debilidades institucionales en los mecanismos de control y rendición de cuentas.
En este contexto, el gobierno tiene el desafío de ajustarse más estrictamente a la ley actual ya que suele incurrir y justificar actitudes que podrían ser contrarias a la ética pública y llevarían a la degradación de la calidad de las instituciones democráticas.
Una mejor comprensión de la Ley de Ética Pública y su aplicación estricta implicaría un sistema más íntegro y que permitiría que Argentina pueda, finalmente, mejorar su posición en el índice.
