Apertura a la inversión extranjera en la industria petrolera, por Víctor Álvarez R.
Pdvsa no cuenta con fondos suficientes para recuperar la extracción de crudos. Y esa dura realidad emplaza al gobierno a cambiar su visión estatista y nacionalista sobre la industria petrolera para abrirle paso a la inversión extrajera.
Para esto necesita reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establece un máximo de 49% para el inversionista extranjero en las empresas mixtas o modificar los contratos para transferir su manejo al socio privado, toda vez que estos se quejan del férreo control que ejerce el Estado en las empresas mixtas. Manejarlas adecuadamente exige mucha eficiencia a la hora de contratar proveedores y obras, operaciones que se ven obstaculizadas por el entramado de controles que propicia la corrupción. Estas operaciones se complican aún más debido al bloqueo de las cuentas bancarias de Pdvsa, mientras que el socio privado tiene mayor flexibilidad para movilizar fondos en la banca internacional.
El meollo está en que los inversionistas exigen que las reformas a la Ley o los contratos las apruebe la AN y no la cuestionada ANC. De allí la urgencia del gobierno en retomar el control de la AN. Y para lograr el quorum reglamentario, seguirá rebanándole diputados a Guaidó.
En un año de elecciones parlamentarias, el gobierno necesita levantar la producción petrolera, generar recursos para financiar el gasto electoral y aumentar la probabilidad de recuperar el control de la Asamblea Nacional. Esta necesidad de sobrevivencia obliga al gobierno a ser pragmático y por eso ha puesto en marcha un proceso de liberalización y apertura económica: desmontó el control de cambios, abandonó el control de precios, abrió el mercado interno a las importaciones sin arancel, dio rienda suelta a la dolarización, inició una petro reforma monetaria que terminará desplazando al bolívar y ahora prepara los incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de participación accionaria para estimular una creciente inversión extranjera en la industria petrolera, empresas básicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura hotelera, puertos y aeropuertos del país.
En 2020, Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía. El gobierno ratifica su carácter socialista, pero en la práctica termina de desmontar la política de controles e introduce cambios en el modelo de propiedad estatal.
Este proceso de liberalización y privatización puede desembocar en una economía gobernada por los mecanismos del mercado, que estimule una creciente presencia de la inversión extranjera que se asociaría al capital nacional o le disputaría importantes espacios tradicionalmente controlados por él.
