Ajuste: las bases de un nuevo pacto fiscal latinoamericano, por José Luis Sampietro
América Latina atraviesa un momento fiscal decisivo. Tras la pandemia, los gobiernos enfrentan ingresos tributarios estancados e inflación persistente en varios países. También lidian con un servicio de la deuda que consume buena parte de los presupuestos nacionales y una ciudadanía exhausta que observa con desconfianza la capacidad del Estado para proveer servicios básicos.
En ese contexto, la noción de un «nuevo pacto fiscal» comenzó a ocupar el centro de las discusiones públicas. En realidad, encierra un dilema que ha dominado el debate regional durante décadas: ¿debe la región avanzar a una mayor progresividad tributaria o hacia un ajuste del gasto?
La forma en que esta pregunta se presenta es definitoria. La historia reciente muestra que las reformas centradas exclusivamente en subir impuestos a los sectores de mayores ingresos han fracasado.
Lo mismo ha ocurrido con las reformas basadas únicamente en recortar gasto público. Ninguno de estos caminos, tomado de forma aislada, ofrece una salida duradera para estabilizar las cuentas o generar crecimiento.
El verdadero debate consiste en definir qué tipo de Estado se quiere financiar y qué estructura tributaria permite sostenerlo. También en cómo garantizar que los recursos se administren con transparencia, eficiencia y legitimidad.
Para comprender la dimensión del problema, conviene observar algunas cifras oficiales. Según datos de la OCDE, en los países miembros la recaudación tributaria promedio ronda el 34% del PIB.
En cambio, en América Latina, de acuerdo con la Cepal, los ingresos tributarios representan alrededor del 21% del PIB. La brecha es evidente.
La región intenta financiar expectativas de estado de bienestar con una estructura fiscal propia de economías que recaudan mucho menos. Al mismo tiempo, la pandemia dejó como legado niveles de deuda más altos.La propia Cepal estima que la deuda pública bruta regional se encuentra en torno al 50% del PIB, con varios países por encima del 70%.
Aunque estas cifras están lejos de las observadas en países desarrollados, la diferencia radica en el costo del crédito. Mientras ellos acceden a financiamiento barato, América Latina debe hacerlo en mercados más riesgosos y a tasas mucho más altas.
Esto provoca que el servicio de la deuda represente, en muchos casos, el rubro de mayor gasto dentro de los presupuestos nacionales. El resultado es un margen fiscal estrecho.
Esta situación alimenta la idea de que no queda más remedio que ajustar. Pero el ajuste ha sido ya una práctica reiterada en la región, sin que ello haya generado una senda de estabilidad duradera.
La austeridad permanente tiene rendimientos decrecientes. Después de sucesivos recortes, lo que queda por ajustar suele ser infraestructura, ciencia, tecnología, educación o salud.
Estos son precisamente los sectores con mayor potencial para impulsar el crecimiento económico futuro. Además, la experiencia muestra que los recortes tienden a recaer sobre quienes dependen de los servicios públicos.
Por otra parte, la supuesta progresividad tributaria por sí sola no ofrece una solución completa. Aunque la región necesita sistemas más equitativos, la realidad institucional limita el alcance de estas reformas.
De acuerdo con la Cepal, la evasión y la elusión tributaria representan entre el 6,3% y el 6,7% del PIB regional. Esta cifra excede ampliamente el promedio de economías comparables.
Ese nivel de incumplimiento socava cualquier intento de construir un sistema más justo. Impide que los ingresos potenciales se materialicen y alimenta la percepción de que el esfuerzo fiscal no es equitativo. Se suman a ello los llamados «gastos tributarios», contenidos en regímenes especiales y exoneraciones que equivalen a montos significativos del PIB. Estos benefician a sectores con alta influencia política.
Reducir estos beneficios podría generar más recursos que varias reformas impositivas combinadas, sin afectar directamente a los grupos más vulnerables.
El desafío no está en escoger entre progresividad o ajuste. Se trata de comprender por qué la región no ha logrado articular una estrategia fiscal equilibrada y sostenible.
Una parte del problema es política. Los pactos fiscales requieren acuerdos sociales amplios y duraderos que son complicados de construir en una región marcada por la polarización y la baja confianza.
A pesar de esta tensión, un nuevo pacto fiscal es inevitable. Para que sea viable, debe partir de principios mínimos, como el de ampliar la base tributaria antes que aumentar las tasas.
La informalidad económica, que en varios países supera el 50% de la fuerza laboral, impide que una parte significativa de la población contribuya al financiamiento del Estado.
Reducir la informalidad mediante regímenes simplificados y digitalización podría generar más ingresos sostenibles que varias reformas sucesivas.
También hay que revisar las exenciones fiscales. Estos mecanismos, introducidos como estímulos temporales, terminan convirtiéndose en privilegios permanentes sostenidos por presión política.
Es imperativo fortalecer la administración tributaria y cerrar brechas de evasión. Los países deben invertir en capacidades tecnológicas y cooperación regional contra flujos financieros ilícitos.Incluso reducciones modestas en la evasión podrían generar recursos equivalentes a varios puntos del PIB, superando el efecto de muchos incrementos impositivos.
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El gasto público debe orientarse hacia bienes de alto retorno social. No se trata de evitar todo ajuste, sino de aplicarlo selectivamente, eliminando duplicidades y modernizando estructuras. La clave es proteger la inversión en educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana. En estas áreas los beneficios económicos y sociales son mayores y más duraderos.
Finalmente, un pacto fiscal creíble debe vincular ingresos y resultados. Los ciudadanos aceptan contribuciones adicionales cuando perciben que el Estado utiliza los recursos de manera transparente.
En América Latina este acuerdo no será sencillo. Requerirá que las élites renuncien a privilegios y que los gobiernos demuestren un compromiso real con la eficiencia.
Dejar atrás la falsa dicotomía entre progresividad y ajuste implica reconocer que ambos forman parte de un mismo contrato social. La progresividad es necesaria para construir un sistema justo.
El ajuste es inevitable en ciertos momentos, pero debe ser inteligente y orientado a mejorar la calidad del gasto, no a debilitar servicios esenciales.
La región no necesita simplemente más impuestos ni menos gasto. Necesita un Estado distinto, más eficiente, más capaz y legítimo. Lo demás es solo contabilidad que aplaza la próxima crisis.
José Luis Sampietro Saquicela es PhD en Automática y Robótica. Ha desarrollado investigaciones en diversas universidades ubicadas en Francia, España y Ecuador, en temas de energía, tecnología y desarrollo. Su línea de trabajo se enfoca en economía social, transformación industrial y evolución educativa.
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