A María Corina la quieren fuera de competencia, por Gonzalo González
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En Venezuela, más temprano que tarde, habrá elecciones generales porque los poderes nacionales no son representativos de la voluntad ciudadana y por tanto carecen de legitimidad de origen, también de gestión porque quienes los conducen son responsables de la crisis multifactorial y compleja que afecta al país.
Además, en el plan de normalización que EEUU le ha impuesto al interinato se contempla como última fase ese proceso electoral. Compromiso que le costaría mucho incumplir a riesgo de causarse daños reputacionales de consideración porque estamos en Latinoamérica y no en otras regiones del mundo donde el tema de la gobernanza democrática puede ser evadido sin pagar costos políticos importantes.
Pero los venezolanos no podemos dejar en manos de terceros un asunto tan crucial, tenemos mucho que decir y sobre todo que hacer en esa dirección.
Siendo ese el llegadero predecible del proceso comenzado el 3 de enero, hay que denunciar la existencia de sectores políticos que trabajan para impedir que MCM ejerza su derecho a postularse como candidata presidencial. Se ha conformado una suerte de convergencia entre el interinato y sectores no chavistas (con escaso apoyo ciudadano como lo demuestran sus recientes desempeños electorales) que pretende por medio de la judicialización de la política imponer ese propósito.
María Corina —quien sigue inhabilitada para postularse a cualquier cargo electivo— es objeto de una renovada campaña consistente y sostenida para tratar de erosionar lo más posible su liderazgo, reducir su inmensa conexión con el sentimiento mayoritario de cambio y sacarla del juego.
Plumíferos y francotiradores al servicio del continuismo reciclado la acusan de ser un obstáculo para la normalización del país y el proceso de transición. Incluso llegan al colmo de afirmar: «Delcy es el orden y María Corina es el caos».
La acusan de asumir una postura radical ajena a cualquier entendimiento que allane el camino a la solución de la crisis socioeconómica que padece el país. Asumen sin más que el gesto de Trump con Enrique Márquez de invitarlo a presenciar el discurso Sobre el Estado de la Unión está motivado por su preferencia por una opción «moderada» para presidir el Gobierno a elegir en los futuros comicios; tratan de instalar una matriz de opinión en el sentido de que EEUU no aprueba una, eventual, presidencia de MCM.
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley de Amnistía —instrumento legal bastante incompleto en su alcance— pareciera estar dirigido a reforzar los obstáculos para terminar de cerrarle el paso, obligándola a permanecer exiliada y condenarla a la irrelevancia política.
Es conveniente registrar que recientemente la Interina y su ministro del Interior han declarado que Machado es sujeto de un proceso judicial por el delito de Traición a la Patria.
Estamos, pues, en presencia de una operación de pinzas que por un lado busca dañar la reputación y el prestigio político de MCM y por el otro reforzar su inhabilitación política mediante la acusación de haber cometido un delito grave.
Vale la pena relevar el hecho de que nunca se utiliza en todo esto el condicional «supuesto» cuando se refiere a la comisión del delito. Es decir, tan prominentes acusadores asumen la condición de juez y parte en un contexto en el cual el sistema judicial está cooptado por el régimen.
Un proceso electoral sin la participación de la principal referencia política de la sociedad es una burla contra los deseos, ampliamente mayoritarios, de cambio de político. Tratar de repetir el escenario del 2024 en lo referente al estatus de María Corina para beneficiarse políticamente de su proscripción es una canallada que lesionaría la legitimidad del proceso.
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Los asuntos políticos deben resolverse dentro de la política y la competencia en ese terreno. Los venideros comicios deben ser justos, libres, verificables e incluyentes para que puedan contribuir a cabalidad y con todo su potencial a la reinstitucionalización de la gobernanza del Estado.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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