418 días de usurpación, por Gregorio Salazar
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Al día de hoy, viernes 20 de febrero de 2026, se han cumplido 418 días de usurpación de la Presidencia de la República, contados a partir del 10 de enero de 2025, fecha en la que ha debido tomar posesión de ese cargo don Edmundo González Urrutia, electo según las pruebas a mano por aproximadamente el 70% de los sufragios emitidos en esa histórica fecha.
Son 418 días escamoteados a la voluntad soberana del pueblo venezolano por una cúpula (in) cívico-militar que, sin embargo, se ha reacomodado en una sorprendente zona de confort, de postiza legitimación por parte de una potencia extranjera, circunstancia totalmente impensada antes del 3 de enero, cuando Nicolás Maduro, el usurpador original, y su esposa Cilia Flores, fueron apresados y extraídos del territorio nacional por la Delta Force, máxima élite operacional del Ejército de los Estados Unidos.
Sin embargo, así ha venido operando esta antihistórica alianza entre un grupo político con 27 años de confeso, ideologizado y militante antinorteamericanismo y el gobierno de un país que desde hace once años lo declaró “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional y que finalmente ejecutó la conocida operación militar.
Por lo que hemos visto después de la extracción militar de Maduro, son muchos los días que le restan a la usurpación, si se toma en cuenta, en primer lugar, que la eventual asunción de la presidencia por González Urrutia prácticamente ya ha salido de discusión.
El foco está puesto ahora en unas nuevas elecciones que tendrían, según Trump, un horizonte temporal aproximado para su realización de 18 meses, sin dejar de observar que nos movemos en un terreno inseguro y tan cambiando como suelen ser las decisiones del presidente de EEUU.
Elecciones de cualquier tipo sin una reinstitucionalización previa, al menos para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), serían inviables e inútiles. El país seguiría patinando en el fangal de sus instituciones podridas. Comenzando por que el órgano que constitucionalmente le toca elegir a los rectores, la Asamblea Nacional, también está calada de ilegitimidad por su origen de resultados electorales no conocidos. Así es el entrampamiento institucional de la República.
Sin embargo el Poder Legislativo, con luz verde norteña, está actuando de hecho y ya ha aprobado la reforma a la Ley de Hidrocarburos y una controversial Ley de Amnistía. A pesar de los pesares, y porque de alguna manera hay que salir de este atolladero, la AN pudiera propiciar un diálogo lo más amplio posible para un acuerdo político –sin exclusión de las fuerzas lideradas por María Corina Machado– de donde surja un CNE independiente, equilibrado, confiable.
Si tomamos en cuenta que la duración de las dos primeras etapas de la hoja de ruta macro de Trump –estabilización y recuperación– están basadas en la evolución económica de base petrolera, nadie puede asegurar cuándo estarán dadas las condiciones para entrar en la etapa de la transición, que prometen sería «segura, apropiada y juiciosa».
Para no extremar el pesimismo tomemos como la probable fecha más cercana para unas elecciones presidenciales a diciembre de 2027, lo que equivaldría a otros 22 meses de usurpación, vale decir que los autores del fraude habrán ejercido el poder durante la mitad del período gubernamental que correspondía al ganador de las elecciones del 28-J. Por supuesto, el objetivo del régimen es impedir o postergar lo más posible unos comicios que, a no dudarlo, terminarían por sacarlo del poder, como lo indican recientes encuestas.
Mientras, todo fluye entre el régimen encabezado por los hermanos Rodríguez y la administración Trump. La reciente visita del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, nos generó otra sorpresa. Nos percatamos que es posible que el mismo jefe de la Operación Lanza del Sur con su remate extractivo de Resolución Absoluta se pueda reunir con representantes del régimen sobre cuyas cabezas penden recompensas en millones de dólares como la que gravitaban sobre Nicolás Maduro.
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¿Qué tienen ellos que no tuviera Maduro?, se pregunta desconcertado el pueblo chavista. Ojalá que la recién aprobada Ley de Amnistía viniera a demostrar una voluntad política de abandono e la sofocante conducta represiva del régimen, que hasta ahora parece llevarla en los genes.
Era innecesaria para las liberaciones, pero de todas formas las celebramos en cuanto beneficie a tantos enjuiciados y/o injustamente privados de libertad, sobre todo si se acompaña con la derogación de las leyes que han servido para poblar de venezolanos inocentes las cárceles del país, comenzando por la Ley contra el Odio.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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