33 ONG internacionales condenan persecución a Provea y a la sociedad civil
Las ONG señalaron que la citación contra el coordinador general de Provea forma parte de «una escalada represiva del régimen de Maduro dirigida a criminalizar y aplacar la defensa de derechos humanos» en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio
33 organizaciones internacionales condenaron este miércoles 20 la persecución contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), luego de la citación por parte de los cuerpos de seguridad contra el coordinador general de la ONG, Óscar Murillo.
«La citación a Oscar Murillo no sólo es un ataque individual o a una ONG, sino que representa un intento por socavar a la sociedad en su conjunto, censurando el cuestionamiento al poder y cualquier reclamo por justicia y transparencia en medio de la represión postelectoral. En ese sentido, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental y debe estar plenamente garantizado, así como el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión», afirmaron las oenegés en un comunicado.
La citación del Cicpc contra Murillo fue entregada el domingo 17 de noviembre, pero en el documento no se especifica el origen ni el fundamento de una supuesta investigación que adelanta la subdelegación San Cristóbal (estado Táchira) por un presunto «delito de odio».
Recordaron que el pasado 30 de octubre, el ministro Cabello cuestionó –en su programa de televisión– la labor de Provea, y amenazó con llevar a la justicia a todos aquellos «que denunciaron que había testigos» sobre la detención del activista de Voluntad Popular por agentes del Estado.
«Este acto es consecuencia de la ola de amenazas e intimidaciones encabezadas por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contra las personas defensoras y organizaciones que pidieron una investigación imparcial sobre la muerte del dirigente opositor, Edwin Santos», señalaron.
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Para las ONG, esto forma parte de «una escalada represiva del régimen de Maduro dirigida a criminalizar y aplacar la defensa de derechos humanos» en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Insistieron en que el Estado venezolano «debe cesar la política de persecución por motivos políticos contra la disidencia real o percibida y cooperar con una justicia genuina ante su expediente por crímenes de lesa humanidad que continúa sustanciándose ante la Corte Penal Internacional».
La organizaciones recordaron que la «documentación, denuncia y difusión» de las violaciones de derechos humanos que ocurran en el país continuará por parte de ONG nacionales e internacionales, «que la respaldarán hasta que exista respeto a la soberanía popular y rendición de cuentas. Son por las miles de víctimas por las que prevalece esta misión».
