25 de mayo: ¿Elegir convidados de piedra?, por Rafael Uzcátegui
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Una de las situaciones más preocupantes de los anuncios realizados por las autoridades ha quedado por fuera del debate electoral regional: La sustitución de los estados y alcaldías por las figuras comunales. En los comicios del 25 de mayo la ciudadanía estaría eligiendo cargos que, posteriormente, quedarían sin atribuciones, en una nueva burla a la soberanía popular.
Se conoce como «principio de continuidad de los órganos electos» a que los cargos o instituciones electas por voto popular deben mantener sus competencias, funciones y existencia durante el tiempo para el cual fueron elegidas, y no pueden ser suprimidas, vaciadas de contenido, o eliminadas arbitrariamente antes de que concluya el mandato para el que fueron designadas. Este principio se encuentra en riesgo en las elecciones de gobernadores y alcaldes que han sido anunciadas en Venezuela para el 25 de mayo, luego de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Comunas, en diciembre pasado.
El artículo 64 de la normativa expresa: «La República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que regula el proceso de transferencia y descentralización de competencias y atribuciones, transferirán a las comunas y a los sistemas de agregación que de estas surjan funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras, atribuidos a aquellos por la Constitución de la República, en pro de mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo».
Si usted piensa que los cuatro gatos del consejo comunal de su zona no son una amenaza, la propuesta de gobierno comunal indica, como «sistemas de agregación», Ciudades Comunales y Confederaciones Comunales. Estamos hablando de un nuevo modelo de Estado y de gobierno, que a todas luces será la matriz de la propuesta de reforma de la Constitución.
La intención de sustituir a los funcionarios de signo ideológico contrario electos por voto popular no es nueva. En tiempos de Hugo Chávez se crearon los llamados «protectorados», mediante los cuales un líder del PSUV manejaba a su discreción importantes sumas de recursos para crear una red clientelar que socavara la influencia de la autoridad regional antagónica. Sin embargo, ahora estamos hablando de una amenaza mucho mayor, dado que a las instancias comunales pudieran entregarles la «gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras”, que usualmente deberían ser ejecutadas por gobernaciones y alcaldías.
¿Qué pudiera suceder? Tal y como pasó con la cohabitación entre el sistema hospitalario tradicional y el ecosistema de Barrio Adentro, poderes locales electos y entes comunales pudieran coexistir, pero con énfasis presupuestario y político en los últimos. Sin recursos ni atribuciones, los gobernadores y alcaldes opositores electos a finales de mayo serían poco más que convidados de piedra.
Hasta ahora la amenaza de la imposición de un autoritarismo «comunal» no ha sido correctamente valorada por la mayoría de los actores sociales y políticos. El cortoplacismo táctico ha impedido ver la película completa sobre las intenciones de construir una gobernabilidad que de sustento, a mediano y largo plazo, a un gobierno de facto.
Si la «reforma» de la Constitución, que intenta darle un barniz legal al último y definitivo zarpazo a la democracia, hubiera entrado en la ecuación, los diferentes actores hubieran aprovechado el espacio tolerado de proselitismo, la campaña electoral, para reconstruir y revitalizar un movimiento democrático nacional que de la pelea en la fecha del referendo.
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Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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