25 años defendiendo la democracia, por Adam Ratzlaff
Hace veinticinco años, representantes de casi todos los países del hemisferio occidental –con la notable excepción de Cuba– se reunieron en Lima, Perú, para firmar la Carta Democrática Interamericana. Se esperaba que la Carta dotara a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la autoridad y las herramientas necesarias para hacer frente a las crisis democráticas en la región.
Tras el autogolpe de Alberto Fujimori, la Carta fue concebida para proteger la democracia tanto de los gobernantes que aspiraban a convertirse en dictadores como de los militares que habían ejercido el poder en muchos países durante el siglo XX.
La Carta marcó un cambio importante en los asuntos regionales: un respaldo colectivo no solo a la democracia como forma de gobierno elegida para las Américas, sino también al compromiso de los gobiernos de la región de defender colectivamente la democracia cuando esta estuviera amenazada en cualquier lugar del continente.
Sin embargo, los sueños de un hemisferio más democrático no se han cumplido plenamente. Los países de la región han experimentado ataques recurrentes y cambiantes contra la democracia, y la OEA no ha logrado abordar muchas de estas amenazas hasta que ya era demasiado tarde.
De hecho, en algunos casos, la propia organización encargada de defender la democracia ha brindado cobertura a quienes buscan socavar las normas democráticas. Al cumplirse 25 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, debemos hacer un balance de lo que ha funcionado y de lo que no en el sistema de defensa de la democracia en las Américas.
De los golpes de Estado a la erosión democrática
Desde la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, las amenazas y desafíos para la democracia en las Américas han evolucionado. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Si bien la región fue propensa a las dictaduras militares durante gran parte del siglo XX, ya no existen gobiernos militares en la región y el número de golpes de Estado tradicionales ha disminuido drásticamente.
De hecho, desde la firma de la Carta Democrática Interamericana, América Latina y el Caribe solo han visto a cuatro líderes ser removidos del poder por las fuerzas armadas internas: Venezuela (2002), Haití (2004), Honduras (2009) y Bolivia (2019), y los dos últimos casos ocurrieron después de desafíos más amplios a la gobernabilidad democrática en esos países.
A pesar de la disminución de los golpes de Estado, la democracia continúa deteriorándose en toda la región. Según Freedom House, los 34 países que suscribieron la Carta Democrática han registrado un descenso en sus puntuaciones al menos en uno de los años transcurridos desde 2002, y la mitad obtuvo una puntuación inferior en 2025 que en 2002.
Sin embargo, en lugar de grupos armados que derrocan presidentes, han aumentado otras formas de ataque contra la democracia. Estas incluyen acciones tanto de quienes están en el poder como de quienes buscan derrocar a líderes elegidos democráticamente.
Una vez en el poder, muchos líderes de la región han intentado mantenerse en él mediante el retroceso de derechos políticos y la manipulación de las reglas electorales y políticas. Esto ha incluido reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo, la eliminación de los límites a los mandatos, ataques contra los medios de comunicación, el debilitamiento de las protecciones de los derechos políticos y humanos bajo el argumento de que es necesario demostrar que se está actuando, y el gobierno mediante decretos ejecutivos a través de la declaración de estados de excepción.
Estas acciones, por sí solas, a menudo no han llegado al punto de ser consideradas un colapso completo de la democracia. Esto, combinado con la preferencia institucional de la OEA por los privilegios del Poder Ejecutivo, ha hecho que la Carta Democrática con frecuencia no logre abordar estas crisis antes de que sea demasiado tarde.
Al mismo tiempo, las oposiciones en distintos países han encontrado nuevas formas de destituir a líderes elegidos o han intentado impedir que lleguen al poder. Una de las principales vías que han encontrado para eludir las elecciones democráticas es la destitución de líderes mediante procesos de juicio político.
Aunque los juicios políticos pueden desempeñar un papel importante en una sociedad democrática, ha habido múltiples casos en los que las bases para la destitución fueron cuestionables, como los juicios políticos contra el paraguayo Fernando Lugo (2012) y la brasileña Dilma Rousseff (2016), lo que llevó a sus partidarios a calificarlos como «golpes parlamentarios».
Al mismo tiempo, la destitución de líderes mediante estos procesos puede generar inestabilidad política, como demuestra el caso de Perú, que ha tenido nueve presidentes durante la última década.
En otras ocasiones, la oposición ha rechazado los resultados electorales y ha intentado utilizar la fuerza y procedimientos legales para revertir los resultados de las elecciones. Líderes de Estados Unidos (2021), Brasil (2023) y Guatemala (2024) intentaron alterar el resultado de elecciones recientes mediante desinformación, protestas públicas y manipulación jurídica.
Si bien en ninguno de estos casos se lograron revertir las elecciones democráticas, el aumento de las interferencias en los procesos de toma de posesión sigue siendo preocupante.
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Fortalecer la defensa de la democracia
Mientras las Américas conmemoran el 25.º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, deben enfrentarse a las realidades de la gobernabilidad democrática en la región e identificar oportunidades para defender la democracia de manera efectiva.
La Carta fue diseñada para prevenir las amenazas que en aquel momento eran más comunes para la democracia y partía del supuesto de que los líderes de toda la región coincidirían sobre qué constituía una «interrupción inconstitucional del orden democrático o una alteración inconstitucional del régimen constitucional».
Sin embargo, esto no ha sucedido: la erosión democrática se ha vuelto habitual y las crisis democráticas son analizadas desde perspectivas ideológicas y de interés nacional.
Si la OEA y sus miembros quieren defender la democracia, deben modificar la Carta Democrática Interamericana para abordar algunos de los desafíos que enfrenta el sistema actual. Esto requeriría que la OEA fortaleciera sus herramientas para prevenir el deterioro democrático, en lugar de limitarse a responder una vez que los desafíos se han convertido en crisis.
Aunque la OEA ya desarrolla algunos programas en este ámbito, es fundamental fortalecerlos. Además, la OEA debe crear mecanismos que permitan a distintos sectores de la sociedad invocar la Carta y no únicamente a los presidentes.
Para que ambos mecanismos tengan éxito, la OEA debería apoyar la creación de un organismo independiente de seguimiento que pueda advertir y denunciar los retrocesos democráticos, de manera similar a como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos.
El 25.º aniversario de la firma de la Carta Democrática Interamericana constituye una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la democracia y el multilateralismo en las Américas.
A pesar del reciente aumento del apoyo ciudadano a la democracia, la erosión democrática persiste y los esfuerzos regionales para frenar el deterioro han fracasado. Si la región desea mantener su condición de referente de gobernabilidad democrática, las organizaciones regionales deben encontrar formas de defender colectivamente la democracia, incluso cuando quienes deberían protegerla sean precisamente quienes la amenazan.
Adam Ratzlaff es fundador y director ejecutivo de Pan-American Strategic Advisors, un centro de pensamiento y consultora especializado en el hemisferio occidental, y miembro de The Expert Network (TEN) de World in 2050, de Diplomatic Courier.
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