Yván Gil: Si la CPI decide continuar juicio contra Venezuela será una decisión política
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, subrayó que 120 países han exigido a la Corte Penal Internacional que deje de politizar sus actuaciones «porque daña» a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Reiteró que faltó información por parte de la instancia para que Venezuela pudiera responder oportunamente a los señalamientos
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó su rechazo a la eventual decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de continuar la investigación contra Venezuela por la comisión de presuntos delitos de lesa humanidad. La aseveración la hizo luego de la segunda audiencia en la Sala de Apelaciones, para evaluar la reanudación de proceso.
En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV) reiteró que la Fiscalía omitió aportar informaciones al país sobre la indagación, lo que impidió a Venezuela responder oportunamente a los señalamientos.
El ministro de Exteriores aseveró que 120 países han exigido a la Corte Penal Internacional que deje de instrumentalizar políticamente sus actuaciones «porque daña» a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
La audiencia culminó este miércoles 8 casi a las 5:00 p.m. (10:32 a.m. hora Venezuela), tras dos días de sesiones donde la delegación de Nicolás Maduro negó la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, acusó al fiscal de la CPI de usurpar funciones y puso en duda los relatos de las víctimas.
La Sala de Apelaciones prometió evaluar las opiniones de las víctimas y «preparar nuestras conclusiones de la manera más rápida posible».
En las conclusiones de Venezuela, dos de los abogados (Bob Emmerson y Aitor Martínez) señalaron que hubo inocencia y laxitud a la hora de redactar el Estatuto de Roma, lo que permitió un uso político por parte de un grupo de Estados en 2018 para interponer la denuncia contra el país.
Según Martínez, no hay estándares mínimos suficientes para que la Corte asuma la investigación que se plantea. «Negamos que ha habido política estatal alguna y, por supuesto, los crímenes que se han señalado y determinar si pasaron ese umbral».
Destacó que el centro de atención de la CPI debe ser determinar la presencia o ausencia de una política estatal. Sobre este punto, Emmerson dijo que la propia Fiscalía «no sabe a dónde va» con las acusaciones a rangos altos y tampoco sabe si, de acuerdo a la jurisdicción venezolana, cargos como tenientes coroneles o sargentos entran en esa descripción.
