Venezuela, ¿factoría petrolera?, por Humberto García Larralde
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El término «factoría» evoca el procesamiento primario de recursos naturales en países antes llamados del «tercer mundo», para su ulterior transformación en los centros económicos del norte. Es reminiscente de un orden internacional neocolonial, en el cual una mano de obra muy barata —cuyos derechos fueron conculcados por primitivas dictaduras— conformaba el eslabón inicial de una cadena de acumulación extractiva que alimentaba la dominación de naciones poderosas sobre regiones de su periferia.
En la teoría económica del desarrollo la expresión «modelo primario exportador» sirvió para describir la trampa en que se hallaban los países ahí ubicados, condenados a exportar riquezas naturales de valor escaso como para pagar importaciones suficientes de los bienes manufacturados requeridos para las condiciones de vida moderna a la que aspiraban sus poblaciones.
En 1948 se crea la Cepal, Comisión Económica para América Latina (ahora, también para «el Caribe») de la ONU, con la misión de superar esta situación. Abogó por el procesamiento doméstico de los recursos, de mayor valor agregado —su industrialización, pero también una agricultura más tecnificada y un creciente desarrollo de los servicios—, para cimentar posibilidades de un desarrollo autosostenido en nuestros países, familiarizándonos con sus tecnologías productivas.
Bajo el liderazgo del notable economista argentino, Raúl Prebisch, se plasmó en muchos un modelo de sustitución de importaciones detrás de aranceles proteccionistas, amparado en incentivos financieros y fiscales, y en la compra preferencial de producción doméstica por parte del Estado.
En Venezuela, este modelo constituyó el eje de una estrategia de desarrollo que recibió el nombre de «la Siembra del Petróleo». Los proventos de la exportación de crudo se dirigían a fomentar la diversificación del aparato productivo y la superación del «modelo primario exportador».
Pero el papel que EEUU parece asignarle a Venezuela luego de la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia el 3 de enero, se aparta significativamente de esta estrategia económica. Veamos.
Dos aclaratorias iniciales. Nuestro país no puede dejar de aprovechar su ventaja comparativa más destacada, la de ser productor petrolero, aun cuando estemos conscientes de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles por sus efectos sobre el cambio climático.
La devastación de Venezuela por parte de las mafias que se apoderaron del Estado a lo largo de este siglo no nos deja otra opción. Por otro lado, para aumentar la explotación del petróleo venezolano se requerirán inversiones extranjeras. En absoluto estamos en contra de que participen las compañías estadounidenses en ello.
Pero, volviendo al argumento anterior, el arreglo que se desprende de la Licencia 46 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la tesorería estadounidense, de las declaraciones del presidente Trump y de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada vía exprés por una Asamblea Nacional carente de legitimidad, aborta los fundamentos de cualquier estrategia cercana a la de «sembrar el petróleo», limitando sustancialmente nuestras posibilidades de desarrollo.
Pongámoslo en perspectiva. Nos hemos formado en la idea de que Venezuela es un país rico a cuenta de su petróleo. Efectivamente, tenemos, al parecer, las mayores reservas de crudo en el mundo. En el pasado, los niveles de vida de los venezolanos, comparativamente altos, se explicaban, en buena medida por los proventos de su exportación, capturados por el Estado a través de elevados impuestos.
En la Gran Venezuela de los 70 el ingreso por habitante era mayor que el de España. Pero en esa década la producción de crudo fue, en promedio, mayor a 1.000 millones de barriles cada año. La población venezolana pasó de casi 11 millones a poco más de 14,6 millones. En concreto, se producían entre 49 y 128 barriles anuales por cada venezolano.
El boom de precios experimentado durante el primer gobierno de CAP significó más de $700 por persona, incluyendo niños y ancianos. Luego, con Luis Herrera, promedió unos $1.100 por cabeza. Pero, eliminando el efecto del boom, su peso real en la economía, calculado a precios constantes de 1997, pasó de un 37% en 1970, a solo un 16% nueve años después.
El grueso lo representaban las demás actividades. Aun así, el destacado economista petrolero, Ramón Espinasa, calculó que, para los años 90, el aporte directo e indirecto de la producción petrolera, tomando en cuenta su efecto multiplicador en la industria de la construcción, la química, la metalurgia, el transporte y los servicios especializados, frisaba el 40% del PIB total del país.
Porque la explotación de petróleo no sólo proveía las divisas con las cuales financiar inversiones en infraestructura, en servicios, en políticas de fomento industrial y demás, sino que arrastraba una variada gama de otras actividades conexas que le suplían de insumos y servicios.
En la base de ello se encontraba un formidable contingente de trabajadores y empleados altamente calificados, que le daban soporte a Pdvsa, empresa petrolera rankeada entre las mejores del mundo en ese entonces. Lo que pasaba con el petróleo repercutía más allá en la economía del país.
Pero, de eso, nada existe ahora. Chávez botó a la mitad del personal de Pdvsa —los mejores talentos operativos, comerciales y gerenciales— y su designado, Maduro, completó su destrucción. Hoy, incluyendo las empresas mixtas, la producción es de unos 10 barriles de crudo al año por venezolano.
Prácticamente no existe sector conexo, quebrado o confiscado por el chavismo, y buena parte del personal calificado que aún quedaba, migró al extranjero. Encima, sobre la empresa estatal pesa una enorme deuda mil millonaria (en dólares) y numerosos litigios. Los impuestos que paga al Estado se sostienen sólo porque recibe financiamiento monetario del BCV.
Se espera, ahora, que, con la reforma de la LOH, vengan inversiones extranjeras para aumentar la producción de crudo significativamente. Pero su venta internacional ingresará en una cuenta que, si bien es de Venezuela, será administrada desde EEUU.
Incluye su distribución entre requerimientos de la administración pública, mejora de los servicios y otros, amén de atender las demandas de empresas estadounidenses al Estado venezolano. Desaparece la autonomía de gestión y la economía queda suspendida en una política de estabilización contractiva, con sueldos entre los más bajos de América Latina y los servicios colapsados.
Además, la reforma viola el artículo 150 de la Constitución que establece que la celebración de contratos de interés público nacional —en este caso, con empresas petroleras— requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. Por si fuera poco, entre las más importantes (ConocoPhillips, ExxonMobil), hay reservas respecto a la idoneidad de tal reforma.
En fin, al dejar a la administración pública en las mismas manos, pero sujeta a los proventos del crudo según las condiciones impuestas por EEUU, las posibilidades de recuperación cierta de la economía venezolana se reducen visiblemente. Se supone, asimismo, que se habrían reducido al mínimo los ingresos obtenidos por tráficos y otras operaciones ilegales.
Dejemos para otro escrito lo referente a los derechos humanos y las garantías de nuestro ordenamiento constitucional, pero es obvio que, sin instituciones sólidas y equipos calificados y probos al frente, será difícil restablecer la confianza.
La recuperación de Venezuela después de su terrible devastación por la gestión criminal de Maduro y cía., no puede teledirigirse desde Washington como si se tratara de un campo virgen a ser moldeado por expertos. Así no funcionan las sociedades, ni la política, y menos aún la reconstrucción de una nación.
No se puede prescindir de la carne, huesos, mentes y voluntades de los millones de venezolanos que habrán de impulsar los cambios desde abajo, en coordinación, claro, con proyectos forjados para atender a la emergencia humanitaria, reformar al Estado, recuperar los servicios, restituir plenamente las garantías constitucionales y cumplir con los demás compromisos asumidos para acceder al financiamiento internacional requerido.
No pueden quedar marginadas las fuerzas democráticas. Su liderazgo unido, fortalecido ahora con tantos activistas, injustamente encarcelados, que han sido liberados, es vital. El futuro de Venezuela no puede ser el de una factoría petrolera.
Humberto García Larralde es economista, profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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