VE Sin Filtro: Venezuela usa tecnologías de vigilancia ciudadana para control político
El reciente informe de la ONG VE Sin Filtro reveló la magnitud del aparato de vigilancia estatal, destacando que la infraestructura tecnológica desplegada entre los años 2023 y 2026 ha superado una inversión de más de mil millones de dólares
El Gobierno de Venezuela utiliza su sistema tecnológico de seguridad ciudadana como una herramienta de control político, según un informe de la ONG VE Sin Filtro difundido este jueves que detalla «hallazgos claves» como la intercepción de telecomunicaciones, el uso de cámaras de seguridad en la calle, aplicaciones impulsadas por el Estado, drones o ciberataques.
Según informó la ONG «La convergencia de la videovigilancia con la intercepción de telecomunicaciones, de ciberpatrullaje con búsquedas en dispositivos, así como aplicaciones patrocinadas por el Estado y los ciberataques, crean una severa restricción del espacio cívico», asimismo, advirtió sobre la vigilancia en grupos de aplicaciones de mensajería y la inspección de teléfonos sin orden judicial por parte de autoridades en controles viales de la Policía.
El análisis abarcó períodos entre octubre de 2023 y enero de 2026, inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y documentó las capacidades técnicas de los sistemas de vigilancia e identificar a los proveedores de tecnología y mapear el despliegue geográfico.
En el informe, VE Sin Filtro señaló que las tecnologías de vigilancia han costado más de mil millones de dólares y han permitido la expansión del «control autoritario» que, asegura, se mantiene bajo la administración de Delcy Rodríguez.
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La intercepción de telecomunicaciones es el componente más «intrusivo del aparato de vigilancia de Venezuela», alertó el documento, que citó datos de transparencia de Telefónica España en 2021 y que afirmó que «reveló 1.523.363 líneas de telefonía móvil afectadas y 205.800 órdenes de intercepción». Según señaló la ONG, esto demostró «una vigilancia a escala industrial».
Asimismo, aseguró que la infraestructura de circuito cerrado de televisión se utiliza «sistemáticamente» como arma de control y que los proveedores chinos dominan la cadena de suministro de cámaras de seguridad en las calles, a pesar de las sanciones internacionales a empresas como Dahua o Hikvision.
Según el texto, la instalación de estas cámaras aumentó exponencialmente durante 2025 con la gestión del actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la actualidad hay unas 7.000 operando en el país, siendo Caracas y Trujillo (oeste) los estados con mayor cantidad de estos equipos que, agregó la investigación, tienen «reconocimiento facial avanzado y detección de matrículas».
Con información de SWI swissinfo.ch
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