UVL denuncia «torturas y cobro de vacunas» sobre 19 detenidos en conflicto en Apure
La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) precisó que los abogados defensores y los familiares de los detenidos están a espera que la Corte de Apelaciones de San Fernando de Apure designe el nuevo juez para este caso
La Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad (UVL) denunció este martes diversas irregularidades sobre 19 personas recluidas en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira; tras cumplirse un año del conflicto armado en el estado Apure, hecho que estuvo liderado por los grupos armados en la frontera colombo-venezolana.
Así lo dio a conocer el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, quien precisó que las personas fueron detenidas durante el conflicto armado en el Alto Apure.
Márquez indicó que los reclusos diariamente toleran “trato cruel” así como el “cobro de vacunas” por parte de las autoridades, a lo que agregó que sus casos también sufren de “retardo procesal”.
“Ante la falta de vehículo, cauchos y gasolina, los familiares tienen que aportar para el traslado casi 150.000 pesos colombianos (41 dólares) por preso. Para cada traslado de los 19 se debe contar con casi 3 millones de pesos (770 dólares), cuya obligación le corresponde al Estado Venezolano”, agregó.
De la misma manera, el exparlamentario aseguró que los 19 privados de libertad son acusados de traición a la patria, rebelión militar, asociación para delinquir y ataque al centinela, sin existir pruebas que los vinculen con estos delitos.
Márquez aseguró tener informes que fueron elaborados por la Medicatura Forense de Guasdualito y que dan cuenta que los detenidos fueron torturados, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Recibieron golpes en la cara, el cráneo, las manos, la rodilla y la espalda entre otras partes del cuerpo”.
A su juicio, uno de los casos más graves fue el de Mónica Triana, quien asegura estaba embarazada al momento de la detención y no hubo ningún tratamiento especial para ella por lo cual perdió a su bebé en la cárcel y sigue detenida cuando debieron haberle dado una medida cautelar.
*Lea también: Coalición introduce amparo constitucional a favor de presos políticos militares
Los abogados defensores y los familiares de los detenidos están a espera que la Corte de Apelaciones de San Fernando de Apure designe el nuevo juez para este caso. «Mientras, ello ocurre, la situación de los reclusos es muy compleja, porque los familiares de los mismos son de bajos recursos económicos y están siendo obligados a “colaborar” con el pago de los traslados, desde Santa Ana del Táchira hasta Guasdualito, estado Apure. Esto implica cuatro horas de carretera entre los dos estados», reseñó UVL.
El Tribunal Militar de San Cristóbal llevó a cabo la audiencia preliminar. Luego la causa fue remitida al Tribunal Penal Ordinario de Guasdualito y posteriormente, la juez desestimó ese recurso y se inhibió del caso, por lo cual el juicio en la actualidad está paralizado.
El defensor de derechos humanos apuntó que el Estado Venezolano incumple los acuerdos internacionales, a pesar que firmó un compromiso con la Corte Penal Internacional (CPI) en aras de reformar la jurisdicción penal y todos los juicios como los del Alto Apure.
