Un Mundo Sin Mordaza vincula comicios de mayo 2025 con el pico de la persecución estatal
Se destacó que el 64% de las violaciones consistieron en detenciones arbitrarias, intensificadas durante el ciclo electoral de mayo. El informe identificó una preocupante evolución tecnológica en la censura, que incluyó la criminalización de analistas económicos y la exposición masiva de datos ciudadanos, configurando un modelo de control que trasciende el hostigamiento físico
Autor: Aseret Ramírez
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela ha entrado en una fase de deterioro crítico. Durante el primer semestre del 2025, la organización Un Mundo Sin Mordaza documentó una estrategia estatal de represión sistemática que dejó un resultado de 231 casos y 302 violaciones directas contra periodistas, activistas y ciudadanos.
De acuerdo con el informe semestral publicado el 6 de abril, el proceso electoral del 25 de mayo de 2025 (elecciones regionales y legislativas) funcionó como el principal catalizador de la violencia institucional, de esta manera, las detenciones arbitrarias se consolidaron como el mecanismo de censura predilecto:
- Cifras alarmantes: Se registraron 148 arrestos (64% del total de las infracciones), muchos bajo acusaciones de terrorismo o conspiración.
- Pico represivo: Tan solo en los días cercanos a los comicios, se ejecutaron al menos 70 detenciones.
- Perfiles afectados: La persecución alcanzó a líderes comunitarios, activistas y ciudadanos que simplemente expresaron críticas en redes sociales.
- Cuerpos ejecutores: El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron señalados como los principales responsables de los 24 incidentes de agresiones y amenazas documentados.
La censura digital
El Estado escaló la represión hacia un modelo híbrido, combinando la fuerza física con tácticas de censura digital para neutralizar el acceso a la información en las zonas más aisladas del país con la finalidad de silenciar, entre ellos:
- Bloqueos web: Se identificaron 61 casos de bloqueos a portales de noticias y organizaciones de DDHH mediante protocolos DNS y TCP/IP.
- Cierre de medios: Estados como Portuguesa, Táchira y Bolívar sufrieron el cierre de emisoras y la confiscación de equipos, reduciendo drásticamente los espacios de información local.
- Vulnerabilidad de datos: La organización denunció incidentes graves de ciberseguridad, como la filtración de datos de 3,2 millones de usuarios de Movistar y la exposición de información biométrica del Saime en la dark web, dejando a la población expuesta a posibles represalias estatales.
Por otra parte, un aspecto inédito en este semestre fue la expansión de la censura hacia el análisis económico, es así como, el Estado inició una persecución contra quienes informaron sobre la realidad financiera del país:
- Economistas bajo asedio: El Ministerio Público anunció la detención de 58 personas vinculadas a la difusión del tipo de cambio no oficial, incluyendo a figuras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
- Censura financiera: Al menos 50 sitios y cuentas informativas suspendieron sus publicaciones tras amenazas judiciales, lo que limitó el acceso a datos independientes sobre el mercado cambiario.
Para Un Mundo Sin Mordaza, estas acciones no son aisladas, sino parte de una estrategia planificada de «silencio administrativo» y control social. La oenegé insta al Estado a cesar las desapariciones forzadas de corta duración, restituir el acceso a las plataformas bloqueadas y ajustar el marco legal a los estándares internacionales de derechos humanos de forma urgente.
Para leer el informe completo, puedes hacer clic en Un Mundo Sin Mordaza
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
