Tribunal ratifica privativa de libertad contra politólogo Nicmer Evans
Evans fue militante del chavismo durante varios años, movimiento del cual se desvinculó tras su deriva antidemocrática. En años recientes ha intentado, sin éxito, registrar organizaciones políticas para participar en elecciones
La noche de este viernes 17 de julio, el tribunal 21 de Control Penal ratificó la medida privativa de libertad contra el activista político Nicmer Evans, quien fuese acusado de supuesto delito “promoción al odio”.
En este sentido, el director del portal web Punto de Corte fue regresado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) ubicada en Boleita.
#17Jul Tribunal confirma arbitral privación preventiva de libertad contra @NicmerEvans por el supuesto delito de “Promoción al Odio” con base en el Art. 20 de la “Ley Contra Odio”. Sitio de reclusión la DGCIM.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) July 17, 2020
El pasado 13 de julio de 2020, Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron su vivienda para detenerlo.
Los funcionarios mostraron una orden de aprehensión y comenzaron a hostigar a sus familiares. Motivado a la ausencia del solicitado los funcionarios detuvieron a un tercero, al abogado Álvaro Herrera, como mecanismo de presión, un patrón recurrente de detenciones arbitrarias en el país.
Finalmente, alrededor de las 9 de la noche los funcionarios lograron detener a Evans, quien informó que la orden de detención era por el cargo de “promoción o incitación al odio”, ordenado por el juez José Mascimino Márquez.
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Evans fue militante del chavismo durante varios años, movimiento del cual se desvinculó tras su deriva antidemocrática. En años recientes ha intentado, sin éxito, registrar organizaciones políticas para participar en elecciones. Como Provea demostró en su informe “Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez”, la represión contra perfiles públicos progresistas, pero críticos de la gestión de Nicolás Maduro, es particularmente hostil en un contexto general de suspensión, por la vía de los hechos, de los derechos políticos establecidos en la Constitución.
