Tarek William Saab dice que la Corte Penal Internacional maneja información «sesgada»
Con una expresión adusta en el rostro y visiblemente molesto, Tarek William Saab -otrora defensor del Pueblo y ahora fiscal encargado del Ministerio Público- respondió a la decisión de la Corte Penal Internacional de querer «examinar» delitos de violación de Derechos Humanos durante las protestas de 2017, no sin antes denunciar casos de corrupción y supuesto contrabando de extracción de petróleo y diesel en Puerto La Cruz
El fiscal designado por la Asamblea Constituyente chavista, Tarek William Saab, rechazó en nombre del Estado venezolano la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de examinar denuncias en contra del mandatario, Nicolás Maduro, por la supuesta violación de Derechos Humanos durante las protestas antgubernamentales de 2017 en donde más de 100 personas fueron asesinadas.
En una breve declaración, Saab recordó que la instancia internacional debe actuar de forma «complementaria» en casos que pudieran ser evaluados en un examen periódico universal y que los mismos no hayan sido judicializados o investigados por las autoridades de un país.
A su juicio, la CPI maneja una información «sesgada» o al menos «pareciera sesgada» porque esa instancia no estableció comunicación con la Fiscalía que está bajo su mando para conocer si los casos ocurridos de abril a julio de 2017 están judicializados y si se atendieron a las víctimas, actos que de acuerdo al fiscal designado, se está haciendo desde agosto del mismo año.
«La propia fiscal de la Corte Penal Internacional reconoció que actuaron civiles armados durante las manifestaciones», dijo.
Aseguró que el actual Ministerio Público «tiene suficiente documentación de hecho y de derecho» que revela que los casos han sido coordinados debidamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República, donde se han recibido y estudiado de forma minuciosa los casos, así como los acusados han sido imputados y acusados por sus responsabilidades individuales.
Recordó que Maduro estableció que las fuerzas de seguridad evitaran el uso de armas de fuego para «dispersar» a los manifestantes.
De igual forma, insistió en que cualquier funcionado que haya actuado contra los DDHH sabrá que en su caso no habrá impunidad y que al individuo le caerá todo el peso de la ley de forma individual, tanto a los efectivos de seguridad, como a los civiles armados.
«No somos como otros países que han practicado el exterminio (…) muchos de sus terrenos son cementerios públicos (…) donde hemos visto que en la Corte Penal Internacional dichos estados han tenido inmunidad en razón no tenemos de qué», criticó.
Este jueves, la Corte Penal Internacional anunció que examinará la actuación del Estado venezolano, precedido por Nicolás Maduro, durante las manifestaciones registradas desde abril hasta julio de 2017, en donde murieron al menos 125 personas.
