Supersociedades de Colombia somete a Monómeros al «máximo grado de supervisión»
La medida de «control» busca preservar Monómeros como unidad productiva y fuente de empleo, en medio de desafíos financieros. La Superintendencia aclaró que no se trata de una toma de posesión ni afecta los derechos de los accionistas
La Superintendencia de Sociedades de Colombia decidió someter al máximo grado de supervisión, denominado «control», de carácter societario, a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A., luego de adelantar una actuación administrativa.
Monómeros es una empresa colombo-venezolana, clave en la producción de fertilizantes y que satisface 40% de la demanda en Colombia.
La medida de Supersociedades busca preservar la empresa como unidad productiva y fuente de empleo en medio de una difícil situación financiera que incluye retos en flujo de caja y fuentes de financiamiento.
La Superintendencia aclaró que esta supervisión no implica la toma de posesión ni la coadministración de la empresa, que mantiene su autonomía bajo las limitaciones de la Constitución y la ley colombiana.
Sin embargo, Monómeros deberá gestionar planes de mejoramiento, capitalizaciones, reformas estatutarias y someter a autorización cualquier operación fuera del giro ordinario de los negocios.
La máxima supervisión de carácter societario faculta a la Superintendencia de Sociedades para, por ejemplo, promover la presentación de planes y programas de mejoramiento; autorizar reformas estatutarias, capitalizaciones, otorgamiento de garantías que recaigan sobre los bienes de la sociedad y operaciones fuera del giro ordinario de los negocios, según el caso.
La situación financiera de la compañía también está bajo la vigilancia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dejando a Monómeros en un complejo escenario internacional.
El control de Monómeros ha sido un tema de disputa desde 2019, cuando pasó al gobierno interino de Juan Guaidó con el respaldo del entonces Iván Duque, lo que desencadenó acusaciones de corrupción y mala gestión.
En 2022, Petro devolvió el control de la empresa al régimen de Nicolás Maduro con la intención de negociar su adquisición. No obstante, la reciente decisión de Alex Saab de vender la empresa y los rumores sobre posibles sanciones internacionales complican los planes colombianos.
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