SIP: «Ley de Agentes Extranjeros» en El Salvador atenta contra libertad de prensa
Las autoridades de El Salvador consideran que la propuesta de Ley ayuda a ser más transparentes y combatir la corrupción en el país
Luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitara al Congreso -por intermedio de la bancada de Nueva Ideas, partido que lo respalda- un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, en el que se busca evitar la «injerencia» al establecer una serie de normativas que sean «aplicables» a personas o instituciones cuyas actividades en ese país «respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero», varias organizaciones levantaron su voz en contra.
Una de ellas fue la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuyo presidente, Jorge Canahuati, quien con Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, consideran que esta medida tendrán efectos negativos para la libertad de expresión y de prensa si se llega a aprobar este articulado.
A juicio de los periodistas, la propuesta de Bukele para El Salvador en este tenor, «imita y profundiza» una ley que el gobierno de Nicaragua «utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes».
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El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ordenó el lunes 16 de agosto la cancelación de operaciones de seis ONG que laboraban en el país por el supuesto motivo de no cumplir con los requisitos legales que les permiten recibir donaciones. De 2018 a la fecha, ha sido canceladas más de 40 organizaciones no gubernamentales por las autoridades nicaragüenses.
En esta oportunidad, las ONG canceladas son las estadounidenses National Democratic Institute for Irternational (NDI); la International Republican Institute (IRI); y la Helping Hands Warren William Pagel; la española Oxfam Intermón, la denominada Oxfam IBIS de Dinamarca y la Diakonia de Suecia.
Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que «se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor».
Por su parte, la ONG Cristosal advirtió que si se aprueba esa ley en El Salvador puede golpear a las víctimas de la violencia en ese país porque volvería «inviable» su trabajo en defensa de los DDHH.
«Los principales afectados con una ley de esta naturaleza no son las organizaciones, sino los miles de beneficiarios con la defensa de los derechos humanos, la atención a víctimas de desplazamiento forzado y las víctimas que no han tenido acceso la justicia», señaló Cristosal en un comunicado.
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Esa ONG señaló que solo en 2021 ha atendido a 500 personas con «acciones de protección» de sus derechos, a más de 360 en educación en derechos humanos y representa a 113 víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Cuando el proyecto de Ley fue presentado por el ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, el funcionario dijo que lo que se busca es que haya transparencia de la actividad de las ONG en el país porque así se estaría combatiendo la corrupción «al impedir que financieros con intereses políticos encubran bajo el término de ‘donación’ el dinero destinado a organizaciones fachada que no benefician a la población, sino a un pequeño sector».
«Con esta ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONG fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera», afirmó el ministro.
Con información de Swiss Info / El País / DW
