Nicaragua prohíbe participación de opositores en elecciones tras reforma legal
La oposición en el exilio advierte que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales
La Asamblea nicaragüense aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones por solicitud del presidente Daniel Ortega, anunció el Legislativo, controlado por el oficialismo de izquierda.
La enmienda amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en la planificación o ejecución de un «golpe de Estado», a los «traidores a la patria» o a aquellos que soliciten «intervención militar» o «bloqueos económicos».
«Aprobadas de forma unánime», dijo el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, 90 km al noroeste de Managua.
Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que esas manifestaciones fueron un «intento de golpe de Estado» patrocinado por Estados Unidos, que tilda al gobierno de «dictadura».
Luego de esas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad acusados de «traición a la patria».
Debido a ello, la oposición es prácticamente nula en el país.
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Sus dirigentes en el exilio advierten que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales.
Con estos cambios «únicamente se podrá elegir entre las opciones de la dictadura», declaró a la AFP el abogado opositor exiliado Juan Diego Barberena.
La ampliación del mandato a siete años también regirá para las actuales autoridades elegidas por voto popular.
La reforma fue anunciada por Ortega el pasado 19 de julio durante el aniversario de la revolución sandinista y desató un amplio rechazo internacional.
Por iniciativa de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hace dos semanas una reunión urgente de cancilleres, cuya fecha no ha sido definida, para debatir sanciones contra el gobierno nicaragüense.
La enmienda desconoce, sin embargo, la «aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales».
«Esperamos que los ministros (…) puedan tomar decisiones individuales, colectivas, para castigar, para ejercer más presión sobre Nicaragua», afirmó el pasado domingo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en una entrevista.
Tras ser aprobada este martes, la reforma deberá ser ratificada en la segunda legislatura que comenzará a inicios de 2027, lo que se da por hecho.
Ortega, un exguerrillero izquierdista, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios.
En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.
En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta.
Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.
Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional sanciones económicas.
En días pasados, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno.
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