Robus operandi II, por Teodoro Petkoff
En la primera entrega sobre el Robus Operandi hablamos sumariamente de la sofisticación del choreo financiero. Hoy vamos a ampliar algunos detalles de este asalto a mano desarmada al fisco nacional mediante otro tipo de operación.
Los proyectos contenidos en las “leyes paraguas” (como se conoce a las leyes de endeudamiento) tienen parte de su financiamiento a través de bonos de Deuda Pública Nacional (DPN), pero, como es sabido, a partir del 2000 MinFinanzas ha confrontado dificultades para su colocación en el mercado. Por lo tanto se ha montado todo un tinglado para superar este “inconveniente”, en el cual participan alcaldes y gobernadores oficialistas, diputados de la “revolución”, funcionarios de MinFinanzas y del Minfra o el Marn, de acuerdo a quienes sean tanto el responsable de la obra, como la empresa contratista “licitada” a dedo y la institución financiera seleccionada para la operación.
La gracia del asunto comienza cuando alcaldes o gobernadores del “proceso” declaran que tal o cual obra de infraestructura es de gran interés para la comunidad o es de emergencia. Por esta vía se evita el procedimiento formal y lento de la venta en subasta de los bonos de DPN, el ingreso de los recursos a la Tesorería, la realización de las órdenes de pago para remitir a través del Banco Central los recursos al ministerio responsable y la transferencia, a través de este, a los gobiernos locales o regionales que ejecutarán la obra. Se aplica, pues, la doctrina Cruz Weffer, quien estableció que las licitaciones demoran los “logros de la revolución” y que “el pueblo, después de 40 años, no puede esperar más”.
Los compromisos entre las partes van por el fast track. El constructor elegido “acepta” recibir los DPN como dación de pago, la entidad financiera otorga las fianzas de fiel cumplimiento y de anticipo para la obra a cambio de los DPN, que compra a precios muy por debajo de su valor facial y que no le generan mayores problemas, debido a que su monto es relativamente bajo frente al conjunto de papeles que procura colocar MinFinanzas habitualmente. El representante del ministerio respectivo “comprende” la urgencia de la obra y certifica la “transparencia” del mecanismo, por lo que media ante Finanzas para que acepte y agilice la operación.
Por su parte el gobernador o alcalde declara que no importa el color del gato con tal que cace ratones y que no le va ni le viene el modo de financiamiento (dinero líquido o DPN), y, al final, todos, gobernadores y/o alcaldes, diputados gestores y contratistas, agarraditos de las manos, parten la cochina, es decir, las comisiones de rigor.
En cuanto al monto de la obra en cuestión, se le sobredimensiona en la formulación del proyecto de manera que se pueda ejecutar pese a las rebajas habidas al colocar de forma directa los DPN, o, en su defecto, se termina ajustando el asunto con menor uso de materiales o reduciendo su tamaño, lo cual, desde luego, afecta su calidad. Todas estas son prácticas habituales seguramente desde los tiempos de la Compañía Guipuzcoana, pero ¿no se suponía que la “revolución” habría de desterrarlas para siempre?
