Relatores de la ONU piden al Estado venezolano dar detalles de presos políticos
Varios relatores de la ONU expresaron su preocupación por las detenciones arbitrarias que se están generando en Venezuela, así como por el estado de varios presos políticos
Varios grupos de trabajo de la ONU, así como relatores de Naciones Unidas, pidieron al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, dar información detallada sobre 18 presos políticos que se encuentran detenidos de forma arbitraria en Venezuela, en especial de casos como el de Josnars Baduel, Javier Tarazona, Dignora Hernández, Biagio Pilieri, Emirlendris Benítez, Williams Dávila, entre otros, debido a que sus vidas pueden estar en riesgo.
A través de un informe de varias páginas, de fecha 13 de noviembre de 2024, recordaron que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los privados de libertad, ya que cuando los encarcelan, «asumen la responsabilidad de velar por la vida y la integridad física de estas, y no pueden invocar la falta de recursos financieros u otros problemas logísticos para disminuir esa responsabilidad».
Expresaron además su preocupación por el excesivo uso del recurso de la «detención preventiva», advirtiendo que si se prolonga dicha condición, la situación pasa a ser detención arbitraria. Además, advierten que hay falta de información detallada sobre el estado de las cárceles en Venezuela y las condiciones de reclusión en la que los privados de libertad están.
De igual forma, manifestaron sus inquietudes sobre la falta de un juicio justo para los presos políticos, aunado a que no se les permite poder contar con un abogado de su confianza ni tiempo para poder preparar su defensa, lo que esta contraviniendo contra las normas internacionales.
«Los Estados deben establecer todas las medidas apropiadas para garantizar que representantes legales puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones», dice el texto.
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Las desapariciones forzadas son otro hito en el cual hacen énfasis en el informe, sobre todo aquellas que se han dado «de corta duración» que se dieron antes y después de las elecciones del 28 de julio, ya que eso crea un efecto «amedrentador» en la gente.
«Estas prácticas demuestran el impacto más amplio de las desapariciones forzadas en el proceso electoral, que va más allá de la violación de los derechos individuales, teniendo un impacto duradero en el tejido democrático de los Estados», destaca.
Por ello, piden a las autoridades venezolanas ofrecer información detallada sobre Anthony Molina Ron, Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi; Josnars Baduel, Oreste Schiavo, Javier Tarazona, Ramón Centeno, Juan Nahir Zambrano Arias, Olvany Gaspari Bracho, Uaiparú Güerrere López, José Ignacio Moreno Suárez, Luis Enrique Camacaro Meza, Dignora Hernández, Williams Dávila Barrios, Perkins Rocha, Yenny Barrios y Biagio Pilieri, junto a otros ciudadanos omitidos del texto.
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Solicitan saber cuáles son las medidas tomadas para garantizar las condiciones adecuadas de reclusión en materia de comida, atención médica, agua; prevención del maltrato -en el caso de las mujeres-.
Exhortan a que aclaren la forma en la que se documentan e investigan los casos de malos tratos, tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes, «incluidos el abuso sexual y las amenazas de violación y tortura, y especifique cuántos responsables han sido llevados ante la justicia por sus acciones».
Quieren saber también el estado de salud de Perkins Rocha y dónde está recluido, así como las condiciones en las que están las personas antes mencionadas, al igual que se indique información sobre las garantías de que se cumpla la detención preventiva por 48 horas, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, y que se cumplan los «Principios de Mandela»; al igual que se permita el acceso a sus familiares y se acaben las detenciones arbitrarias.
Para consultar el informe detallado, pulse aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
