Recuperar la narrativa, por Humberto García Larralde
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A pesar de los cambios ocurridos en Venezuela desde la extracción de Maduro a comienzos de año, todavía no está asegurada su conclusión feliz. Un ejemplo lo ofrece la Ley de Amnistía.
Aprobada presurosamente, fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como base de un clima de paz y convivencia a forjar en esta nueva etapa. Pudiera ser, pero una mirada acuciosa descubre razones para dudar.
No cubre a todas las víctimas de represión por razones políticas –entre otros, deja fuera a los militares– y, en su artículo 7, las obliga a «ponerse a derecho» con respecto a los delitos o faltas objeto de amnistía, señalando que «solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución» de estos hechos (luego de entrar la ley en vigencia).
O sea, no elimina la caracterización «delictiva» de sus posturas políticas. Por asumirlas fueron perseguidos y/o apresados, y podrán volver a serlo, tomando en cuenta el arsenal de leyes punitivas que aún subsisten: Ley contra el odio; de restricción a ONG; «Simón Bolívar» y otras que reprimen las libertades, sobre todo con el actual poder judicial, forjado tramposamente como instrumento de la dictadura.
Tal redacción pende como Espada de Damocles sobre muchos presos recientemente amnistiados. Igualmente, la provisión del artículo 9 de excluir a quienes, supuestamente, abogaban por una intervención de fuerza extranjera, podrá usarse como comodín para negarles, a discreción, la amnistía a opositores específicos.
¡Y pensar que tal excusa es esgrimida por quienes se beneficiaron, efectivamente, de esa intervención! Por último, no menciona nada sobre la reparación a las víctimas y/o sus familiares.
Por supuesto que peor es nada. Al amparo de esa ley se espera acelerar la liberación total de presos políticos. Su lentitud alimenta angustias entre los afectados, sus familiares y amigos.
Pero quizás lo verdaderamente concerniente es que, no obstante el formidable paso dado –inconcebible hace dos meses–, su culminación exitosa depende de quienes no necesariamente son los más interesados en que se cumpla: el poder chucuto sobreviviente y el secretario de Estado de un presidente que no ha mostrado mayor preocupación por los valores de la democracia o por los derechos humanos.
El pueblo venezolano, víctima de la guerra que declaró el régimen de Maduro en su contra, ha sido marginado, hasta ahora, de participar en la toma de decisiones, reducido a espectador pasivo.
Quien controla la narrativa de los aconteceres políticos controla, en gran medida, las circunstancias que alimentan el poder. Y, en la Venezuela actual, las aspiraciones mayoritarias de empoderamiento de la gente para ejercer sus derechos y participar en el «cómo» se restituyen sus garantías y se reconstruyen las instituciones que deben velar por ellos, no han logrado convertirse en referencia obligada para la toma de decisiones.
Predomina, más bien, un menjurje confuso de resabios fascistas, parabienes hacia Trump y, finalmente, la obnubilación extendida de voceros oficiales que no saben dónde están parados. En este difícil tránsito hacia la vigencia del orden liberal democrático, es riesgoso confiar sólo en las buenas intenciones de Delcy Rodríguez o de Marco Rubio.
La pervivencia de resabios fascistas como narrativa política es, claramente, un obstáculo en el camino de restauración democrática. Ha sido por años la respuesta conspiranoica de rigor de un régimen autocrático que perdió popularidad, destruyó su base económica y cuya acción expoliadora hizo colapsar al Estado.
Requería de la figura del «enemigo de la revolución», inventada antes por Chávez, para justificar el creciente fracaso de la gestión de Maduro. Tal narrativa alimentó los resortes represivos del Estado y convalidó la entrega de sus mecanismos de seguridad a los cubanos.
El (des)gobierno se sostuvo cada vez más, no con base en una narrativa que legitimara sus propuestas de política, sino inculcando el terror de un Estado policíaco.
La miopía de quienes integraban las alianzas cómplices que sostenían el régimen –las apetencias de lucro fácil enceguecen– impidió ver que ello llevaba, irremediablemente, al naufragio definitivo, más cuando se robaron de la manera más burda, a plena luz del día, las elecciones del 28J. Con la situación creada a partir del 3 de enero, esa narrativa ya no sirve para nada, a menos que, en realidad, nada cambie.
Pero tampoco nos lleva muy lejos la narrativa del secretario de Estado Rubio, procónsul de facto. Su lenguaje profesional neutro, sin calificativos políticos, evoca un experimento de laboratorio, aséptico, bien diseñado, pero distanciado de la vida real.
Y la razón está en la ausencia de venezolanos de carne y hueso, comprometidos con la transición democrática, en el manejo de los instrumentos de decisión del aparato estatal, en la reconstrucción del ordenamiento constitucional y en su articulación con sus reclamos y demandas más sentidas. Sin su participación, no se asegura que todo arribe a buen puerto.
No basta con que la mecánica de las tres etapas tenga sentido, existe el riesgo de que su ejecución, dejada, parcialmente, en quienes aún responden a referentes fascistoides, naufrague, tergiversada en aras de perpetuar un control dictatorial «remozado». Nadie debe ignorar que esta eventualidad está presente en las esperanzas de muchos de la claque criminal que nos arruinaron.
¿El antídoto? También bastante obvio: la activación, beligerante, de la movilización popular para avanzar en la consolidación de cada paso dado en la recuperación de derechos y libertades. Implica un relato que desplace definitivamente las nostalgias fascistoides y le dé contenido, sentido y propósito efectivo a la arquitectura de transición formulada por Marco Rubio.
Y el guion de esa narrativa tiene que ser, como lo remarcó Enrique Márquez en su rueda de prensa de la semana pasada, el restablecimiento del marco institucional previsto en nuestra Constitución, con su batería de derechos y deberes.
Pero implica dos cosas en las que no ahondó. Uno, establecer, formalmente, que el pueblo ya expresó su voluntad, clara y contundente el 28J de 2024, por sacar a Maduro del poder.
La encargaduría de Delcy no es legítima; sólo existe por voluntad de Trump. Menos puede regresar Maduro. Hay que socavar tal relato, que nutre al Estado de terror de Diosdado, Granko y similares.
Y, dos, el restablecimiento de la democracia debe significar justicia, incluyendo reparaciones, ante los atropellos cometidos. Justicia no es, desde luego, retaliación.
Por último, sin crear condiciones que estimulen y encaucen productivamente el esfuerzo de los venezolanos, difícilmente podrá avanzar la fase de reconstrucción, la segunda señalada por el secretario de Estado de EEUU. No basta sólo con el petróleo.
Él debe entender que de ello depende su expectativa de una Venezuela libre, próspera y aliada de su país. Y estas pautas deben encauzar también las acciones que le toca instrumentar a la presidencia encargada. Constituyen su prueba de fuego. Si no aprueba, debe salir.
Desde luego, lo anterior presupone un mundo de condiciones: libertad plena de los medios, garantías para el regreso de tantos dispuestos a contribuir con el rescate de su país, derechos laborales, civiles y políticos, en general, que viabilicen ese rescate, restablecimiento efectivo de los servicios, su financiamiento, etc.
Pero, sobre todo, un liderazgo político cohesionado, capaz de aunar voluntades y de tender puentes para arribar, lo más pronto posible a unas elecciones generales confiables que permitan el rescate definitivo de las instituciones sobre las que se asienta una democracia liberal. Esperemos que esto lo entiendan quienes hoy tienen agarrada la sartén por el mango.
La recuperación plena de las libertades y la creación de oportunidades de salir de esta tragedia, no serán fáciles. La devastación ha sido demasiada, en todos los aspectos y niveles. Pero, es la agenda a abordar, sin remedio.
Y debe promoverse con una narrativa consensuada que, como aprendizaje, destierre para siempre la posibilidad de que vuelva a ocurrir. La creación de condiciones para que puedan regresar, sin problemas, María Corina Machado y los demás líderes extrañados, para levantar toda restricción a la actividad política de quienes han sido perseguidos por estas razones y para afianzar las libertades plenas de opinión y de comunicación en los medios, públicos y privados, marcará la pauta del éxito obtenido.
Y debe desembocar en un cronograma viable para realizar, cuanto antes, unas elecciones generales, creíbles, con todas las garantías.
Humberto García Larralde es economista, profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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