¿Quién es José Ignacio Hernández, el procurador de Guaidó a quien Maduro le puso el ojo?
La investigación anunciada por Tarek William Saab a José Ignacio Hernández surge en medio señalamientos del Gobierno a la oposición de actuar en «conchupancia» con EEUU para apropiarse de las riquezas de Venezuela
José Ignacio Hernández es el hombre del momento: su nombre salió a relucir a partir del caso Crystallex – Citgo, tras lo cual el fiscal designado por la asamblea constituyente (ANC) Tarek William Saab, abrirá una investigación por «traición a la patria», luego que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictaminara que los activos de la refinadora de petróleo venezolana en Estados Unidos, deben pasar a la minera canadiense para saldar una deuda que el gobierno de Venezuela mantiene con la compañía desde 2008.
El nuevo blanco «apátrida» a quien el régimen de Nicolás Maduro le pondrá el ojo, presuntamente por actuar ante una corte de EEUU para propiciar que Citgo fuese embargada, es un abogado de 44 años de edad egresado suma cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el año 1997. En marzo pasado, Hernández fue designado por la Asamblea Nacional como procurador especial; cargo que ha ejercido en el exilio.
Hernández recibió en 2001 el diploma de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid. Un año después obtuvo el título de doctor en derecho con mención cum laude en esa casa de estudios.
Se ha dedicado a especializarse en varias especialidades del derecho: administrativo, constitucional, libre competencia, regulación económica, de la minería, de hidrocarburos, régimen jurídico del sector eléctrico, de las telecomunicaciones y de protección al comunicador
Sus primeros pasos los dio como abogado asistente en materia de derecho público en la Corte Primera de los Contencioso Administrativo. Asimismo, formó parte del bufete Grau, García Hernández & Mónaco, que representó a Empresas Polar cuando el gobierno señaló a la compañía de forjar documentos para tramitar divisas preferenciales y liquidar sus importaciones; lo que le permitió debutar como litigante contra el Estado venezolano.
Profesor titular de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila, es integrante del Centro para el Desarrollo Internacional que dirige el economista Ricardo Haumann en la Universidad de Harvard. En su condición de autor de varios libros, estudios, artículos y monografías sobre derecho público, ha sido profesor invitado en el Instituto
de Estudios Superiores de Administración (IESA) y de la Georgetown University.
Defensor acusado
La investigación anunciada por Tarek William Saab al procurador designado por el Parlamento surge en medio señalamientos del gobierno a integrantes de la oposición venezolana, de actuar en «conchupancia» con EEUU para apropiarse de las riquezas nacionales.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo el miércoles 31 de julio que Hernández ha propiciado el “fraude material” para despojar al país de Citgo. Aseveró que el abogado presentó ante una corte de Estados Unidos el “descabellado” argumento de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la República eran la misma entidad jurídica, y que de sus declaraciones se devino “el fraude procesal” para expropiar la empresa petrolera.
Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que Hernández fue abogado de la empresa canadiense Crystallex durante la disputa judicial que mantenía Venezuela en una corte de EEUU, como parte de la demanda interpuesta por la minera tras la expropiación en 2008 de la minas Las Cristinas.
Según Maduro, el «pleito judicial» estaba siendo ganado por Venezuela, pero gracias al testimonio de Hernández, el juzgado norteamericano falló a favor de la transnacional canadiense
El abogado desestimó las declaraciones del gobierno y negó haber trabajado en ese caso. Explicó que su participación en el proceso «fue como testigo experto independiente de derecho venezolano”. Agregó además que “de cualquier modo, al asumir las funciones de Procurador me separé oportunamente de todo lo relacionado con este caso”.
El representante de Guaidó afirmó que toda la responsabilidad de la sentencia dictada el martes por el tribunal de Delaware «es responsabilidad del régimen chavista» por “ejecutar todas las acciones que derivaron en la demanda”.
“Venezuela fue condenada por las expropiaciones socialistas. Ha sido el Gobierno legítimo de Juan Guaidó el que ha logrado poner orden en ese caos”, señaló el jurista venezolano para responder a las acusaciones.
