Rubio declara en juicio contra Rivera y niega haber conocido contrato con Citgo
El secretario de Estado declaró en un tribunal federal de Miami que desconocía que el acusado, David Rivera, su antiguo aliado, tenía un contrato millonario con Citgo cuando ambos se reunieron en 2017 para discutir un eventual cambio político en Venezuela
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este martes en un tribunal federal de Miami que no sabía que su exaliado político David Rivera tenía un contrato millonario con una empresa vinculada al Estado venezolano cuando ambos se reunieron en 2017 para hablar sobre un posible cambio político en Venezuela.
Rivera, de 60 años, enfrenta cargos por presuntamente actuar como agente extranjero no registrado y por lavado de dinero, tras haber sido beneficiario de un contrato de 50 millones de dólares vinculado a la administración de Nicolás Maduro. El excongresista se ha declarado no culpable y sostiene que sus gestiones buscaban favorecer a la oposición venezolana.
La comparecencia de Rubio —miembro del gabinete del presidente Donald Trump— es poco común en un juicio penal. Según reportes de la agencia AP, no ocurría algo similar desde 1983, cuando un secretario del Trabajo testificó en un caso relacionado con la mafia.
En su declaración, Rubio relató que recibió una llamada urgente de Rivera en julio de 2017 para discutir la situación en Venezuela. Al día siguiente, el excongresista lo visitó en su residencia en Washington y le aseguró que trabajaba con el empresario venezolano Raúl Gorrín en un plan para convencer a Maduro de abandonar el poder.
«Yo era escéptico», dijo Rubio ante el jurado, al señalar que dentro de la administración venezolana había actores que constantemente proponían supuestas conspiraciones. Sin embargo, agregó que si existía «1% de probabilidad» de que el plan fuera real, estaba dispuesto a alertar a la Casa Blanca.
El funcionario explicó que, tras esa reunión, comunicó al entonces presidente Trump que «podría estar pasando algo en Venezuela» y que haría seguimiento.
Rubio insistió en que desconocía que Rivera tenía un contrato con Citgo Petroleum, filial en Estados Unidos de Pdvsa. «De haberlo sabido, no habría tomado ninguna acción adicional en este asunto», afirmó.
Según la Fiscalía, ese contrato formaba parte de un esfuerzo para influir en funcionarios estadounidenses y suavizar la política de sanciones hacia Venezuela. Rivera y su coacusada, la consultora Esther Nuhfer, habrían intentado organizar reuniones para la entonces canciller Delcy Rodríguez —hoy encargada del Ejecutivo— con funcionarios de la Casa Blanca, legisladores y ejecutivos, en ciudades como Dallas, Nueva York, Washington y Caracas.
Los fiscales sostienen que los acusados utilizaron incluso un grupo de mensajería con códigos para referirse a los actores involucrados: «Little Cuban» para Rubio, «The Lady in Red» para Rodríguez y «melons» para millones de dólares.
«Este caso trata de dos cosas: codicia y traición», dijo el fiscal Roger Cruz en la apertura del juicio, al señalar que los acusados habrían acordado hacer lobby en secreto a favor de Maduro.
Defensa y relación personal
La defensa de Rivera argumenta que el contrato fue suscrito con una filial estadounidense de Pdvsa y tenía fines estrictamente comerciales, como intentar atraer nuevamente a Exxon Mobil a Venezuela, lo que —según sus abogados— no requería registro bajo la ley estadounidense.
Además, sostienen que sus gestiones políticas eran independientes y estaban orientadas a facilitar la salida de Maduro del poder. El abogado Ed Shohat calificó la teoría de la Fiscalía como «preposterous» y describió a su cliente como un «luchador por la libertad».
Durante su testimonio, Rubio también confirmó la estrecha relación personal que mantuvo con Rivera. Ambos coincidieron durante años en la política de Florida y luego en Washington, donde compartieron actividades familiares y amistades.
El secretario de Estado recordó que, tras la reunión de 2017, utilizó argumentos sugeridos por Rivera en un discurso en el Senado, en el que planteó que Estados Unidos no tomaría represalias contra funcionarios venezolanos que contribuyeran a una transición. «Sin venganza, sin represalias», fueron algunas de las frases que buscaban enviar señales a actores dentro del poder.
El juicio se desarrolla en un contexto político distinto al de 2017. Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió de forma interina el poder, en medio de un proceso de acercamiento con Washington.
La Fiscalía sostiene que el objetivo del contrato de lobby era normalizar las relaciones entre Estados Unidos y la administración venezolana, un escenario que no se concretó durante el primer mandato de Trump, pero que hoy vuelve a estar en discusión bajo nuevas condiciones.
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Con información de AP, Reuters y EFE
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