EEUU flexibiliza licencias para Pdvsa pero blinda directiva de Citgo
La licencia general 52C autoriza a entidades constituidas en EEUU antes del 29 de enero de 2025 a firmar contratos y ejecutar operaciones con Pdvsa, al igual que autoriza las operaciones con el gobierno venezolano que resulten necesarias para ejecutar las actividades permitidas por la licencia. Por otro lado, prohíbe expresamente cualquier cambio en la gobernanza, junta directiva o estructura corporativa de PDV Holding, Citgo Holding o Citgo Petroleum Corporation
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este lunes 14 de septiembre la licencia general 52C, la cual autoriza determinadas transacciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y entidades en las que la estatal tenga, directa o indirectamente, una participación de 50% o más. La medida reemplaza en su totalidad a la licencia general 52B, emitida el pasado 27 de agosto.
De acuerdo con esta nueva licencia, las operaciones que tradicionalmente estaban prohibidas por las órdenes ejecutivas 13884 y 13850 quedan permitidas siempre que sean ejecutadas por entidades estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025 y cumplan con los protocolos exigidos. También autoriza las operaciones con el gobierno venezolano que resulten necesarias para ejecutar las actividades permitidas por la licencia.
Sin embargo, la administración estadounidense estableció también una serie de controles. En primer lugar, los contratos suscritos con Pdvsa deben definir tribunales específicos en EEUU, Reino Unido, Francia o Singapur para resolver disputas.
Igualmente, establece que los pagos monetarios a personas bloqueadas se depositen en los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero o cuentas del Departamento del Tesoro, siendo las únicas excepciones el pago de impuestos, permisos o tasas de carácter estrictamente local. Tampoco permite pagos en petros u otras criptomonedas venezolanas, pagos en oro o canjes de deuda.
La orden excluye explicitamente cualquier operación donde intervengan personas o empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como entidades bajo control o en empresas mixtas con capitales de la República Popular China.
Asimismo, las compañías que comercialicen crudo o derivados venezolanos hacia terceros países fuera de suelo estadounidense estarán obligadas a rendir cuentas. La normativa exige reportar productos, cantidades, valores, fechas y destinos finales de las operaciones, además de cualquier impuesto, tasa u otro pago efectuado al gobierno venezolano 10 días después del primer envío y posteriormente cada 90 días ante los departamentos de Estado y de Energía de EEUU.
Por último, la licencia prohíbe expresamente cualquier cambio en la gobernanza, junta directiva o estructura corporativa de PDV Holding, Citgo Holding o Citgo Petroleum Corporation. La restricción incluye la designación, remoción o sustitución de directores, funcionarios y otros responsables del gobierno corporativo de esas compañías.
Tras la imposición de sanciones por parte de EEUU al sector energético de Venezuela en 2019, Citgo, con sede en Houston, rompió relaciones con su empresa matriz, Pdvsa, con sede en Caracas, por orden de una Asamblea Nacional que entonces controlaba la oposición.
Desde ese año, la OFAC ha venido extendiendo desde 2019 la protección sobre Citgo, considerado un activo estratégico en litigios de deuda venezolana. La filial enfrenta impagos que superan los 20.000 millones de dólares, producto de expropiaciones del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y deuda emitida durante la administración de Nicolás Maduro. A principios de agosto, el Departamento del Tesoro extendió su protección mediante una licencia hasta el 17 de septiembre.
Actualmente, se encuentra bajo control de una directiva nombrada por la oposición venezolana, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer la administración Maduro.
No obstante, de acuerdo con la agencia Reuters, Delcy Rodríguez comenzó a principios de este año los preparativos para retomar el control de la refinería de propiedad venezolana después de que su gobierno, que reemplazó a la administración de Nicolás Maduro tras su captura por las fuerzas estadounidenses en enero, fuera reconocido formalmente por Washington.
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