Provea: interrupción del agua potable compromete la salud de los venezolanos
En 2018 se produjo un alto número de protestas reclamando servicios públicos de calidad, 1.138 fueron reclamando agua
Las fallas en el suministro de agua se han agudizado tras el segundo gran apagón que afectó a gran parte del país el pasado lunes 25 de marzo, afectando la dinámica diario de millones de personas y comprometiendo la salud e integridad de muchos.
En menos de un mes los diversos apagones han generado la interrupción del servicio de agua hacia los hogares, sin que hasta el momento exista una respuesta o un protocolo de emergencia por las autoridades competentes.
La prolongada interrupción del servicio de agua potable, habitualmente deficiente en Venezuela, ha significado un verdadero drama para millones de familias venezolanas, quienes ven afectados otros derechos como la alimentación, la salud, la educación, entre otros.
Las autoridades no han informado cuál es el tiempo requerido para la reactivación total del servicio eléctrico y a su vez, del suministro de agua. Tampoco se han desarrollado operativos especiales para surtir de agua a las comunidades más afectadas o para atender a los sectores en riesgo; lo que genera incertidumbre y desasosiego en la población, propiciando protestas para demandar soluciones; lo que también ha derivado en represión por los agentes de la fuerza pública.
Para Provea, la situación actual es consecuencia de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela, en un contexto de empobrecimiento generalizado, severo deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud, el colapso de los servicios públicos y la interrupción prolongada del suministro de agua potable. La ausencia de medidas efectivas para mitigar el impacto agrava los problemas de la población sometiéndolos a más riesgos a quienes están en situación de vulnerabilidad, debido al escenario negativo para los derechos humanos, generado por las propias autoridades.
En 2018 prácticamente todo el país padeció al carencia del servicio de agua, lo que se sumó a otras graves privaciones como la falta de alimentos, medicinas, fallas eléctricas, déficit en el transporte; degradando aún más la calidad de vida de los habitantes de una nación golpeada intensamente por políticas económicas que condujeron al país a la hiperinflación, mayor pobreza, hambre y desnutrición.
Esto se reflejó en hogares, escuelas, centros de salud, donde la falta del líquido causó impactos drásticos, incluso incidiendo en las cifras de mortalidad y morbilidad. Como resultado, en 2018 se produjo un alto número de protestas reclamando servicios públicos de calidad, 1.138 reclamando agua. En las escuelas regularmente asisten la mitad de sus estudiantes, siendo la principal razón la falta de agua; según la Encuesta Nacional de Vida (Encovi).
Provea considera que el 2019 está marcado por la acelerada erosión de las garantías para los derechos económicos, sociales y culturales. Además, advierten que esta situación puede prolongarse por más tiempo y las consecuencias podrían ser devastadoras para amplios sectores de la población y ante la falta de soluciones podría propiciarse un escenario de desespero y violencia.
Ante este preocupante escenario, Provea exige información veraz y oportuna sobre las medidas que se estarían realizando y sobre el posible tiempo de recuperación del suministro de agua potable, atención inmediata a la población en mayor riesgo; así como garantizar que el restablecimiento de agua potable se haga de manera profesional.
