Provea a fiscal de CPI: En Venezuela no investigan a cadenas de mando
El mensaje de Provea se produce a propósito de la visita de Khan, quien permanecerá tres días en el país, según informó el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado domingo cuando el representante del organismo internacional arribó al territorio nacional
El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) Calixto Ávila, aseguró este martes que la Corte Penal Internacional (CPI) solo podrá involucrarse, en relación a la investigación que pesa sobre el régimen de Nicolás Maduro sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, si el Estado “no está investigando o enjuiciando a los sospechosos de crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma”.
Ávila explicó que para ello el fiscal debe establecer primero si las investigaciones o enjuiciamientos son genuinos. “Es decir que no sean simulados y, segundo lugar, si son relevantes. Esto último es si las investigaciones se dirigen especialmente a los principalmente responsables de crímenes, en particular contra las cadenas de mando”.
“La autoridad de la CPI afirma que busca establecer una cooperación según el principio de complementariedad que está siendo analizada en la fase tres del examen preliminar Venezuela 1, que investiga si se han cometidos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo menos desde abril de 2017”, dijo el representante de Provea.
En este sentido, la ONG advirtió al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que el Estado venezolano no investiga las «cadenas de mando» ni a los altos cargos de los Ministerios de Defensa y de Interior, y denunció que algunos se han vuelto «intocables».
«En Venezuela no se investigan las cadenas de mando ni a los altos cargos en los Ministerios de Defensa y de Interior y Justicia. Señor Karim Khan la impunidad estructural ha vuelto intocables a algunos presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Venezuela exige justicia», expresó Provea en un mensaje en Twitter.
Ahora, sostuvo Calixto Ávila integrante de Provea, la actual visita es para que el proceso defina si abre o no una investigación formal ante los jueces de la CPI, “para establecer responsabilidades penales e individuales que no han sido establecidas en la jurisdicción nacional. Es la impunidad generalizada de crímenes internacionales lo que ha activado la fiscalía de la CPI en Venezuela”, señaló.
El mensaje de la ONG se produce a propósito de la visita de Khan, quien permanecerá tres días en el país, según informó el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado domingo cuando el representante del organismo internacional arribó al territorio nacional.
*Lea también: Cofavic: Fiscal de la CPI se puede pronunciar máximo sobre Venezuela a principios de 2022
El fiscal visitó Colombia y, ahora, está en Venezuela, “dos países donde se han cometido graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales”. El 25 de octubre Khan anunció que se reuniría con autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil, un procedimiento rutinario para visitas a países bajo el examen preliminar.
“Voy a escuchar y a entablar relaciones. Creo que es maravilloso. Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI. No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Venezuela por su presidente y como Estado Parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma, creo que es un paso muy positivo”, respondió Khan a la pregunta sobre cuáles era sus expectativas de venir al territorio venezolano al diario El País, de España.
El proceso contra Venezuela en la CPI comenzó en febrero de 2018 por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, adelantó en noviembre del año pasado que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro introdujo una medida de control judicial el pasado 27 de mayo, lo que impidió a la fiscal saliente pronunciarse antes de la expiración de su mandato.
