¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro persigue a las ONG?
Representantes de distintas ONG y expertos en derechos humanos explican que desde el año 2002 comenzó la “clara criminalización y hostigamiento para determinados sectores de la sociedad civil” y detallan que desde la administración de Nicolás Maduro hubo un recrudecimiento en estas acciones
El más reciente informe de Cofavic da cuenta de un incremento de 157% de las agresiones contra organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos el año pasado, el cual fue el período con más ataques: 216 en total; lo que representa 64% de las 338 registradas desde 2018.
Pero estas acciones no parecen aisladas en medio de un gobierno que ataca de frente a las ONG, las amenaza con todo el peso de la ley y las acusa de robar dinero.
Diosdado Cabello, diputado electo el pasado 6 de diciembre y considerado el número dos del chavismo, ha dicho en reiteradas oportunidades que desde la Asamblea Nacional aprobarán una ley para impedir el financiamiento internacional de las ONG.
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Estas agresiones se producen cuando 80% de la población se encuentra en pobreza extrema y millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias urgentes que son justamente atendidas por las ONG, a falta de acción gubernamental.
En este sentido, Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de Provea, explica que existen diversos tipos de ONG y su mayor labor consiste en “transferir recursos a comunidades muy pobres, trabajando junto a esa población, que son las de menos recursos”.
Detalla que las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil transfieren conocimientos por medio de talleres, recursos a través de programas de apoyo para alimentación, útiles escolares, medicinas, entre otros beneficios.
“En el caso de las ONG de derechos humanos, siempre partimos del criterio que acompañamos a las víctimas porque deben ser las protagonistas de sus propios casos para que aprendan y para que además, algunos se conviertan en defensores de DDHH”, sostiene Alvarado.
Pero la arremetida en contra de las organizaciones no gubernamentales tomó fuerza desde que Hugo Chávez era presidente. La defensora de DDHH Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, recuerda que en el año 2002 comenzó la “clara criminalización y hostigamiento para determinados sectores de la sociedad civil”.
Añade que en el 2008 hubo un recrudecimiento “que se ha mantenido y va por el mismo orden”. Ortega enumera las acciones en contra de estas organizaciones: política de restricciones administrativas, legislativas, modificaciones del Código Orgánico Procesal Penal y una legislación emergente que busca criminalizar el actuar de las ONG.
En ese marco, Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, coincide con Ortega en que la embestida contras las ONG arreciaron desde el mandato de Hugo Chávez, pero enfatiza que “Maduro es el más enfermo mentalmente en querer perseguir, atropellar, judicializar, detener y desaparecer a las ONG porque el trabajo continuo y sostenido de estas tienen a Maduro y a su grupo en la Corte Penal Internacional (CPI); lo que hace que quiera desaparecer a las ONG”.
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La piedra en el zapato
Liliana Ortega, directora de Cofavic, considera que el debilitamiento de las fuerzas sindicales y otros elementos que constituyen el espacio cívico en una sociedad “hacen que las ONG estemos en una primera línea de atención y de apoyo especial a los sectores más vulnerables”.
A pesar de la labor de las ONG con los más desfavorecidos, Marino Alvarado lamenta que “en el caso venezolano no se vea a estas organizaciones como colaboradoras que pueden contribuir para que el Estado cumpla buena parte de sus objetivos, sino como enemigas o incómodas y se les establezcan obstáculos de distinta naturaleza”.
Desde finales de 2019, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz prohibió a los Registros y Notarías registrar actas constitutivas, ordinarias y extraordinarias de ONG, fundaciones y asociaciones. “Cuando se pide soporte legal de tal decisión no hay respuesta”, dice Alvarado.
Por su parte, el Humberto Prado afirma que todos los gobiernos han perseguido a las ONG. “La cuarta las llamaba comunistas y la quinta las llama imperialistas; eso quiere decir que las ONG van por buen camino”.
Prado especifica que “las ONG siempre son incómodas para todos los gobiernos y dictaduras”. A su juicio, las organizaciones no gubernamentales de Venezuela hacen un trabajo independiente por el respeto de los derechos del ser humano y su labor conlleva a que sean inconvenientes “porque mantienen despierto el espíritu de libertad de un país”.
“El gobierno quiere organizaciones de sociedad civil que sean complacientes, que actúen como focas y aplaudan todas sus actuaciones aunque sean arbitrarias y contrarias a la Constitución; y se ha conseguido con una sociedad civil que es crítica”, indica Alvarado, quien reitera que las ONG siempre cuestionan el poder.
Con respecto a este punto, Liliana Ortega precisa que las agresiones contra las ONG se dan “porque se criminaliza la ayuda, se nos interpreta como una competencia frente al Estado y porque nosotros somos una voz crítica, con mucha credibilidad internacional”.
No obstante, Ortega aclara que esto “es un error del Estado a la inversa porque el atacar a las ONG es una línea roja que se cruza, donde se disponen todos los poderes para intentar minar y socavar las bases de las ONG y su accionar libre e independiente”; lo que estima no será aceptado desde la comunidad internacional.
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Del mismo modo, la representante de Cofavic asevera que la acción de perseguir y condenar a las ONG es un “gravísimo error” porque finalmente a quienes se daña es a los beneficiarios de esos programas.
“Minar esas capacidades va a traer más sufrimiento y más afectación a la población”, concluye Liliana Ortega.
Hostigamiento vs contención
Para Humberto Prado, una muestra de cómo será el 2021 en materia de derechos humanos es la detención arbitraria de los cinco integrantes de Azul Positivo. Cree que “va a ser un año muy duro”, pero le dice a los demás defensores de DDHH que hay que seguir luchando porque “no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia”.
Un panorama similar vislumbra la directora de Cofavic, quien añade que “lamentablemente no son buenas noticias sobre la situación venezolana porque la agenda revela que hay una crisis de varios años en esta materia”. Ortega precisa que existe una grave preocupación por las ejecuciones extrajudiciales (han contado unas 12.000 entre 2012 y 2020), por los patrones de impunidad y por los altos niveles de desprotección.
Aunque en los últimos años los ojos del mundo han estado sobre Venezuela por la sistematización de las violaciones a los derechos humanos, Marino Alvarado dice estar convencido de que el 2021 puede ser peculiar en este tema. “Este gobierno le tiene mucho miedo a la Corte Penal Internacional y la respeta, a pesar de que la descalifica, y en el fondo, terminan respetando y teniéndole un poco de temor a los informes de la Misión de Determinación de Hechos”, expone Alvarado, quien recuerda que este año habrá otro informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la Misión de Determinación de Hechos y el pronunciamiento de la CPI sobre el examen preliminar.
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Contrario a lo que piensan Ortega y Prado, Marino Alvarado explica que estos últimos aspectos sirven de contención. “El gobierno debe estar claro que mientras más reprima por motivos políticos, más cerca está Maduro y su cúpula de la Corte Penal Internacional. En mi opinión, eso los va a frenar; pueden amenazar, pero creo que hay un elemento de contención”, insiste.
Desde la perspectiva del representante de Provea, el gobierno de Nicolás Maduro continuará con los hostigamientos, pero desestima que la situación se agudice. “Pueden tratar de disimular diálogo, justicia, respeto a la actuación de algunas organizaciones porque les interesa -por lo menos en el primer semestre- mucha simulación”, concluye.
