Así se ha venido preparando un ‘fujimorazo’ contra la Asamblea Nacional
Con sus bemoles, el adelanto de las elecciones presume la desaparición del Parlamento legítimamente electo, un «fujimorazo a la venezolana» que terminará con el último reducto de democracia que queda en el país
Las amenazas contra la maltrecha democracia venezolana parecen no cesar. El equilibro de los contrapesos, necesario para evitar las tiranías, al parecer terminará de sucumbir ante la propuesta de Diosdado Cabello de adelantar las elecciones parlamentarias para que coincidan con las presidenciales del próximo 22 de abril.
Con ello se daría la estocada final al ya moribundo Poder Legislativo, malherido tras la promulgación de la polémica sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 29 de marzo de 2017, y por la elección de una ilegítima Asamblea Constituyente que no ha usurpado las funciones del poder electo por la mayoría de los venezolanos.
A juicio de políticos y juristas, estos tres hechos terminan por dictaminar el desconocimiento de la Asamblea Nacional, algo que los analistas no descartan en comparar con la disolución del Congreso peruano hecho por el régimen de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.
Esa acción permitió a Fujimori permanecer ocho años más en el poder, hasta que el 21 de noviembre de 2.000 renunció tras revelarse un escándalo por corrupción para ganar las elecciones, sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios.
¿En qué se parece aquel episodio con lo que sucede ahora en Venezuela? A continuación damos las claves que permiten comparar ambos procesos.
El primer paso
En la sentencia 156, el TSJ otorga poderes al Ejecutivo para la conformación de empresas mixtas tantp petroleras como mineras sin la autorización de la Asamblea Nacional (tal y como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos), tal como estipula en el apartado 4.4:
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
El abogado constitucionalista Gerardo Fernández fue enfático sobre el tema: “esto no es una sentencia, es una proclama política sin contexto jurídico emanado del órgano judicial (…) No puede haber ninguna explicación jurídica, no cumple los requisitos de una sentencia porque no satisface los requerimientos adjetivos procedimentales y sustantivos para catalogarse como sentencia”.
Pretende justificar y legitimar actuaciones del poder Judicial y el órgano ejecutivo que definitivamente están al margen del orden constitucional y de derecho en Venezuela, indica Fernández. “Esto constituye una dictadura judicial sobre el poder Legislativo en Venezuela, en defensa de un régimen dictatorial y totalitario”.
Para el abogado constitucionalista, esta sentencia es comparable en todo sentido con el fujimorazo pues “desde el punto de vista formal y práctico, este sentencia significa la disolución del Parlamento, lo cual no es admisible desde el punto de vista jurídico y constitucional y definitivamente atenta contra el orden constitucional (…) Esta sentencia podría calificarse como un fraude a la Constitución”.
Con esta sentencia se pueden precalificar los delitos de usurpación de poder, usurpación de funciones y abuso de autoridad, detalló Fernández. “No solamente la Sala Constitucional abusa de su autoridad, sino que da licencia al poder Ejecutivo haga lo mismo, por lo cual se colocan al margen constitucional y democrático”.
Electa para confrontar
Sin la participación de la oposición, la elección de la Asamblea Constituyente (ANC) el 30 de julio de 2017 fue la segunda herida causada desde el el gobierno a la majestad del Parlamento: la que debería ser una instancia electa para reformar la Constitución no tardó en abrogarse sus competencias.
Así lo decretó apenas 18 días después de su elección, cuando promulgó su potestad para legislar sobre todas las materia, específicamente concerniente a paz y el modelo socioeconómico de Venezuela.
“Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999”, sentenció el legítimo Parlamento en un comunicado emitido en respuesta.
«La fraudulenta Constituyente decidió cerrar definitivamente la legítima Asamblea Nacional venezolana», dijo entonces el excandidato presidencial Henrique Capriles, una de las tantas voces que no dudaron en catalogar esa situación como un segundo «fujimorazo».
De hecho, en un comunicado conjunto, 12 gobiernos de América expresaron que el acto de la constituyente “de usurpar las competencias y facultades legislativas” ratifica “la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela”, y no dudaron en compararlo con el episodio peruano de 1992.
A la venezolana
Tras el anuncio hecho por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, respecto a que propondrá el adelanto de elecciones parlamentaria, el experto en derecho constitucional José Vicente Haro, no dudó en calificar esta nueva maniobra del gobierno como un «fujimorazo».
A su entender, la ANC carece de potestad para convocar elecciones y “tampoco tiene potestad para quebrantar y disolver el actual Parlamento. No puede pretender que ahora la ilegítima ANC quiera dar este fraude constitucional. Sería un intento de disolver al Parlamento. Un ‘fujimorazo’ a la venezolana para dar un golpe de estado parlamentario”.
Haro recordó que los diputados al Poder Legislativo fueron elegidos por los venezolanos en diciembre de 2015 y su periodo al frente del Parlamento es de cinco años, hecho que está respaldado en la Constitución y todos los venezolanos “incluso los de la Asamblea Constituyente (ANC)” deben “obedecer, cumplir y acatar los plazos”.
Aunque con sus diferencias, la inminente disolución del Parlamento venezolano guarda muchos aspectos en común con aquel aciago episodio peruano que, de acuerdo con los entendidos, permitió al régimen de Alberto Fujimori gobernar esa nación con mano dictatorial.
