Padrino López amenaza con cárcel a gobernadores que restrinjan distribución de alimentos
El Comando de Abastecimiento Soberano, presidido por Vladimir Padrino López, también prohibió a las autoridades regionales y municipales que se fijen precios a los bienes sin autorización
Guerra avisada, no mata soldado. Esta es la conseja popular que parece aplicar el ministro de Defensa Vladimir Padrino López a gobernadores, alcaldes o cualquier otro funcionario que restrinjan de alguna forma la distribución o comercialización de alimentos en todo el país.
En la Gaceta Oficial número 41.526 se prohíbe, en todo el territorio nacional, la emisión o ejecución de «cualquier medida, restricción o gravamen, que impidan de manera directa o indirecta el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, bien sea de producción primaria o procesada».
La medida incluye cualquier especie de ganadería, pesca o acuicultura, en pie o beneficiada. Además, se prohíbe la “emisión o ejecución de cualquier medida de restricción o gravamen a la libre movilización de los elementos” para garantizar la producción nacional.
Desde hace meses, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) han denunciado que los gobernadores de los estados Apure, Barinas, Guárico, Zulia, Portguesa y Cojedes impusieron una medida que obliga a los productores a que «vendamos a 30% de nuestra fabricación con carácter obligatorio y por el precio que ellos fijen», según denunció Aquiles Hopkis, presidente de Fedeagro.
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El Comando de Abastecimiento Soberano, presidido por Padrino López, también prohibió a las autoridades regionales y municipales que se fijen precios a los bienes indicados «sin la autorización del órgano competente».
El incumplimiento de estas medidas, con vigencia de un año y prorrogables, serán consideradas como una “transgresión a la seguridad y soberanía agroalimentaria”, según el Comando de Abastecimiento Soberano.
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Por ello, se aplicarán penas de prisión de 12 a 15 años, por presunto boicot, y de tres a seis años, correspondiente al delito de condicionamiento, “según lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos”.
Esta es la segunda resolución conjunta que emite en poco más de un año el Comando para el Abastecimiento Soberano, presidido por Padrino López, junto a los ministerio de Alimentación, Industrias y Producción Nacional, Pesca y Acuicultura, Agricultura y Tierras; y Comercio Nacional.
La primera medida fue tomada por el Ministerio de Agricultura y Tierras, en julio de 2017, cuando se prohibió en todo el territorio nacional las restricciones a la libre movilización de los rubros agrícolas.
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