OVP reporta muerte de un nuevo preso de la cárcel Fénix Lara: ¿Existe una investigación?
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que las autoridades «violan sistemáticamente los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de libertad. Al no garantizarles una asistencia médica adecuada y oportuna, simplemente las condena a muerte»
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la segunda muerte de un recluso en el Centro Penitenciario Fénix Lara, ubicado en Barquisimeto, en los últimos cinco días. Se trata de Robinson Esquivel Fajardo, de 45 años de edad.
Esquivel Fajardo, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario Fénix, en Barquisimeto, murió el 24 de agosto en el Hospital Central Antonio María Pineda, donde fue trasladado debido al deterioro de su salud y estaba sometido a diálisis, informó el observatorio en redes sociales.
El 19 de agosto, el OVP también reportó la muerte de César Enrique Ostos, de 44 años, quien falleció mientras se dializaba. Según denunciaron, Ostos padecía una enfermedad renal crónica y se contagió de hepatitis durante su reclusión en el penal.
«Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones denunciamos la primera muerte y planteamos varias interrogantes: ¿se cumplieron los protocolos necesarios durante su tratamiento? ¿Qué actuaciones emprendieron las autoridades judiciales frente a su condición? Ahora, ante una segunda muerte, sumamos una pregunta más: ¿existe una investigación sobre estos fallecimientos?», se cuestionó.
Insistió además que «estar enfermo en prisión puede convertirse en una pena de muerte» ante la falta de asistencia médica integral y oportuna.
*Lea también: Dos personas mueren en Táchira tras desprendimiento de rocas provocado por las lluvias
Asimismo, la organización subrayó que el Servicio Penitenciario no ha respondido a las denuncias formuladas. «Vemos cómo no solo se ignoran estas muertes, sino que tampoco se toman medidas para atender a la población reclusa que padece diversas patologías».
El OVP aseguró que las autoridades «violan sistemáticamente los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de libertad. Al no garantizarles una asistencia médica adecuada y oportuna, simplemente las condena a muerte».
