Sin responsables o investigación pública a cinco meses de masacre en Yare III, alerta OVP
El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que tras cinco meses de la masacre en la cárcel de Yare III todavía no hay responsables antes la justicia. La organización documentó entonces la muerte de cinco privados de libertad, personas heridas y más de 600 presos trasladados. El Ministerio Público anunció una investigación sobre los hechos, que el Ministerio de Servicio Penitenciario calificó como una «riña» entre presos
A cinco meses de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario Yare III, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que todavía no se conocen públicamente los resultados de la investigación sobre la muerte de cinco privados de libertad.
Los hechos ocurrieron el 20 de abril, luego de que los internos acumularan cinco días sin recibir agua potable ni alimentos. Según testimonios documentados por el OVP, mientras los privados de libertad participaban en una actividad religiosa, funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas), comandados por un funcionario conocido como «Apolo», realizaron una requisa sorpresiva.
En medio de estas condiciones se inició una protesta para exigir alimentos, agua, la presencia del director del penal y el traslado a otros centros penitenciarios. Los funcionarios del Sesmas, con apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), ingresaron al módulo II y dispararon balas y perdigones contra la población penal.
En el operativo murieron Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. Además, otro grupo resultó herido.
*Lea también: Excarcelan a cuatro personas vinculadas a los casos de «falsos positivos Tancol»
Ese mismo 20 de abril, el Ministerio Público anunció una investigación y designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos para esclarecer lo ocurrido. Un día después, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó las cinco muertes y calificó los hechos como una «riña entre privados de libertad que devino en un motín».
Sin embargo, no se han informado los resultados de las investigaciones, las actuaciones realizadas, los funcionarios investigados ni las responsabilidades determinadas. La Defensoría del Pueblo, que se trasladó al penal y supervisó algunos traslados a otros recintos carcelarios, tampoco ha ofrecido respuestas sobre el hecho.
«Cinco meses después, hay cinco muertos, personas heridas, más de 600 presos trasladados y una investigación anunciada. Lo que todavía no hay son responsables ante la justicia», sentenció el OVP.
Traslados desde Yare III
El OVP documentó que para el 28 de abril más de 600 privados de libertad fueron trasladados desde la cárcel de Yare III hacia centros penitenciarios de Aragua, Carabobo, Guárico y Lara. En ese momento no existía una lista oficial y numerosas familias desconocían el paradero de sus seres queridos.
La organización advirtió entonces que los traslados podían afectar el esclarecimiento de los hechos y borrar evidencias, al movilizar también a personas que pudieron haber sido víctimas o testigos de lo ocurrido.
Cinco meses después, la organización insistió en que debe investigarse no solo a quienes efectuaron los disparos, sino también la cadena de mando, las órdenes impartidas y la actuación de las autoridades penitenciarias, así como cualquier acción u omisión que haya contribuido a impedir el esclarecimiento de las muertes.
Antes de la masacre, recordó el Observatorio, ya se habían documentado en Yare III denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos, falta de agua potable, alimentación deficiente, dificultades para acceder a atención médica y golpizas contra privados de libertad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
