OVP denuncia muerte de dos reclusos en cárceles de Lara y Guárico
El OVP exigió a la administración de Delcy Rodríguez cumplir con el artículo 272 de la Constitución, y garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Durante la segunda quincena de abril, el Observatorio de Prisiones registró la muerte de al menos nueve reclusos: cuatro de ellos por enfermedades y otros cinco por un «motín» en la cárcel de Yare III
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 5 de mayo la muerte de dos privados de libertad por motivos de salud en cárceles de los estados Guárico y Lara, y reclamó al Estado sobre su responsabilidad de estos fallecimientos bajo custodia.
Según la denuncia, difundida en redes sociales, José Espinales, de 23 años, estaba recluido en la comunidad penitenciaria Fénix (estado Lara). Hace cinco meses fue llevado a un centro de salud, donde falleció, por una enfermedad respiratoria «en condiciones que vulneraron su dignidad, ya que permanecía esposado a una cama».
Durante ese tiempo, señaló el Observatorio, la familia de Espinales fue la que asumió la totalidad de los gastos médicos.
«José Espinales era oriundo del estado Yaracuy y murió lejos de su lugar de origen, lo que no solo refleja el desarraigo que enfrentan los privados de libertad trasladados, sino también el peso que recae sobre sus familias en medio de esta crisis», destacó la organización.
La segunda muerte registrada es la de Francisco Segundo Ojeda, quien estaba recluido en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio (Guárico).
El OVP señaló que esta muerte «se inscribe en el mismo patrón, personas privadas de libertad que se enferman y no reciben atención médica oportuna ni adecuada dentro del sistema penitenciario. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada».
Durante la segunda quincena de abril, el Observatorio de Prisiones registró la muerte de al menos nueve reclusos: cuatro de ellos por enfermedades en cárceles de Miranda, Carabobo y Lara, así como el fallecimiento de cinco reclusos por un «motín» en la cárcel de Yare III. Sobre este último hecho, la ONG ha exigido a las autoridades que informen sobre la investigación.
La organización insistió en que las muertes de privados de libertad ya no son «excepcionales», sino que forman «parte de la realidad carcelaria venezolana, donde no existen garantías mínimas para la atención médica ni respuestas institucionales frente a estos hechos».
«Esta situación evidencia que el Estado venezolano viola de manera sistemática el derecho a la vida, a la salud y a un trato digno de la población reclusa, tanto de presos sociales como políticos», afirmó el OVP, al tiempo que destacó que todas estas denuncias son presentadas ante el sistema interamericano y universal de protección de los derechos humanos.
El OVP exigió a la administración de Delcy Rodríguez cumplir con el artículo 272 de la Constitución, y garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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