OVP: Las cárceles se consolidaron como espacios de castigo político y violencia
El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que la administración de Nicolás Maduro opera las cárceles bajo «tres lógicas simultáneas» de miedo (la detención «para disciplinar»), el castigo colectivo (encarcelamiento de familias) y tortura («quebrar cuerpos y voluntades»)
El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que el sistema penitenciario se ha consolidado como una «herramienta política» para el castigo y la violencia institucional, así como espacios donde se materializa la persecución a núcleos familiares y las muertes bajo custodia.
«El 2025 dejó claro que el sistema penitenciario venezolano no es una estructura en crisis, sino una herramienta diseñada para operar al margen de la legalidad, como el eje central de la represión estatal. Las cárceles, lejos de responder a principios de rehabilitación o resocialización, se consolidaron como espacios de castigo político, violencia institucional, persecución familiar y muerte bajo custodia», señaló el OVP en un comunicado.
En un balance en ocasión por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el OVP aseguró que las cárceles venezolanas ya no representan «el final del proceso judicial sino una herramienta política», pues no cumplen con el concepto de rehabilitación del preso para su reinserción dentro de la sociedad.
En cambio, destacó el observatorio, los centros de reclusión operan «tres lógicas simultáneas» de miedo (la detención «para disciplinar»), el castigo colectivo (encarcelamiento de familias) y tortura («quebrar cuerpos y voluntades»).
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La «degradación penitenciaria», a juicio de la organización, lo simboliza El Helicoide, un centro de reclusión que, aseguró, permanece en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) pese al decreto presidencial que ordenó su transferencia al Ministerio de Servicio Penitenciario en 2021.
«Allí se documentan torturas físicas, violencia sexual, golpizas, asfixias, privación del sueño, interrogatorios ilegales, desapariciones breves e incomunicación prolongada. Nada se ajusta a estándares nacionales o internacionales», afirmaron.
También se cuestionó la «contradicción institucional» con la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, quien tenía 14 meses detenido por razones políticas en El Helicoide al momento de su muerte, el pasado 6 de diciembre.
El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció en un comunicado su fallecimiento a causa de un presunto infarto, «a pesar de no tener control real sobre el recinto. Ese gesto confirmó la ficción legal que recubre al sistema, una estructura que simula estar bajo una autoridad civil mientras funciona en manos de cuerpos de inteligencia militarizados».
Hacinamiento extremo en cárceles
El Observatorio Venezolano de Prisiones destacó que en penales como Yare y El Rodeo (estado Miranda), Uribana (Lara) y Tocuyito (Carabobo) los privados de libertad «enfrentaron condiciones extremas de hacinamiento, falta de atención médica, brotes de enfermedades, escasez de agua y alimentos y episodios de violencia interna sin respuesta institucional».
Asimismo, también se registraron traslados arbitrarios sin notificación a los familiares, muertes por desnutrición, tuberculosis, afecciones cardíacas o septicemia.
«Los presos sociales, pobres, invisibles, olvidados, son las víctimas más silenciadas del sistema. Muchos están detenidos por delitos menores, otros llevan años sin juicio, y algunos incluso fueron privados de libertad por mensajes en redes, acusados de incitación sin pruebas sólidas. El Estado venezolano castiga el delito, pero castiga más la pobreza», sentenció el observatorio.
El OVP recordó que durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud), 40 en calabozos policiales y cuatro fueron presos políticos. «La mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática».
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