OVP: Autoridades amenazan y castigan a presos con traslados a otras cárceles
Los presos son recluidos sin que las autoridades tomen en cuenta su lugar de residencia o la ubicación de los tribunales que llevan sus casos, lo que se traduce en una carga financiera insoportable para decenas de familias, según advierte el último informe del OVP
A la lista de vejaciones, malos tratos y violaciones de derechos fundamentales que padecen los reos en el sistema carcelario venezolano, se suman también los traslados a otros centros penitenciarios, pues se les amenaza y castiga enviándolos a sitios alejados, según alertó el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Desde OVP hemos documentado cómo los presos son trasladados a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo», indica la nota de prensa emitida por la organización.
Los traslados han sido comunes en el último año debido a que se han llevado a cabo diversas intervenciones en centros penitenciarios en el marco de la denominada «Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro», mediante la cual se intervinieron las cárceles de Vista Hermosa, Trujillo, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica. Esta situación dio origen a la necesidad de desalojar los recintos y redistribuir a más de 8.000 privados de libertad a otros centros penitenciarios.
La amenaza de traslado es eficaz debido a que una cárcel lejana puede ser una barrera imposible de superar para muchos familiares de los presos, por lo que miles de ellos acaban siendo abandonados a su suerte, puesto que sus seres queridos no pueden asumir la carga económica que implica la movilización.
El OVP usó como ejemplo el caso de un familiar que debe trasladarse del estado Bolívar al centro penitenciario en Táchira, viéndose en la obligación de recorrer unos 1.573 kilómetros, equivalentes a 23 horas de camino, lo que implica un gasto de hasta 182 dólares ida y vuelta solo en transporte, sin tomar en cuenta comida, estadía o insumos para el recluso.
«Los montos calculados no incluyen ni la pernocta, ni la alimentación ni la paquetería. Por ejemplo, en el Dorado no es solo el viaje, sino que cuando llegan tienen que alquilar una Curiara para atravesar el Río Cuyuní, y esa persona cuando llega, tiene que pernoctar para ir al día siguiente al establecimiento, teniendo, además, que cocinar la comida que le va a llevar a su ser querido», explicó el director del OVP, Humberto Prado.
Además de las complejidades financieras y logísticas, se suma la opacidad, pues al momento de ordenar traslados de presos, muchas veces no reciben información ni las familias, ni los abogados, ni el propio detenido y ni siquiera el tribunal que lleva la causa. Este hermetismo llega a tal punto, que se han registrado casos en los que el reo fallece y los deudos no son notificados por el Ministerio de Servicio Penitenciario.
Los traslados médicos tienen su propia dimensión de deficiencia, pues solo se efectúan cuando el privado de libertad está en condiciones críticas y con bajas posibilidades de salvarse. De acuerdo con Prado, las autoridades optan por aprobar los traslados a hospitales solo para que los enfermos no mueran dentro de las cárceles y, en ocasiones, los movilizan ya estando fallecidos.
«En cuanto a los traslados médicos, hay que resaltar la cantidad de internos que mueren en los centros hospitalarios simplemente porque son trasladados ya cuando están en la fase final, y no cuando están en una fase donde tienen que tener un tratamiento para salvar la vida de esta persona. Lo llevan para que muera en las puertas del hospital, y no en el establecimiento. Muchas veces mueren dentro del establecimiento y son trasladados ya muertos, como si estuvieran con vida», detalló Prado.
El observatorio también presentó una actualización sobre sus cifras de hacinamiento, destacando que hay unas 30.000 personas privadas de libertad actualmente a pesar de que solo hay unas 16.230 plazas disponibles, por lo que el hacinamiento se encuentra en torno a 184,84%.
Esto se debe a que la capacidad instalada del sistema penitenciario nacional cuenta con un total de 26.238 plazas, sin embargo, se encuentran cerrados 18 establecimientos —algunos de ellos, por sus recientes intervenciones— que contaban con infraestructuras para alojar a 10.008 presos.
