Organizaciones denuncian que proyecto de ley de minas busca «blanquear el oro de sangre»
Organizaciones no gubernamentales Pidieron al Parlamento de mayoría oficialista pausar la discusión del proyecto de ley de minas para permitir la incorporación de aspectos tales como mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos que realicen actividades de explotación minera determinadas por la norma
Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos alertó sobre los riesgos del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Minas que adelanta la Asamblea Nacional (AN). Las ONG denunciaron que el instrumento legal pretende institucionalizar el ecocidio y dar un «barniz de legalidad» al saqueo sistemático de la Amazonía y el Escudo Guayanés.
En un comunicado conjunto difundido este 23 de marzo, señalaron que la normativa se inscribe en un contexto de violaciones a la Constitución y adopción de normas lesivas, similares a la Ley Antibloqueo. Las organizaciones rechazan categóricamente el término «desarrollo minero ecológico» incluido en el artículo 8 del proyecto, al considerar que la minería de oro es intrínsecamente destructiva desde una perspectiva científica y ética.
El pronunciamiento subraya que la nueva legislación profundizará la devastación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas. Además, advierte que el marco jurídico propuesto ignora los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales, afectando directamente a las poblaciones vulnerables y comunidades indígenas del sur del país.
Pidieron al Parlamento de mayoría oficialista pausar la discusión del proyecto de ley para permitir la incorporación de aspectos tales como mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos y operación de las empresas que realicen actividades de explotación minera determinadas por la Ley.
Urgieron que debe hacerse explícita la obligación constitucional de la realización de estudios de impacto ambiental y sociocultural en todos los proyectos de explotación minera, tal como lo exige el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Pidieron la inclusióin de mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental que garanticen el desarrollo de sistemas robustos de gestión ambiental en todas las operaciones mineras de acuerdo con los mejores estándares internacionales de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos.
El cuarto aspecto que, señalaron, debe ser tomado en cuenta es la incorporación de un marco de derechos humanos que oriente las actividades mineras, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. «Ello debe incluir procesos que garanticen beneficios justos, equitativos y transparentes para las comunidades indígenas en las zonas bajo explotación».
Para las organizaciones es menester establecer mecanismos de seguridad que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las comunidades presentes, incluyendo la incorporación de Fuerzas Armadas exclusivamente en las tareas determinadas por la Constitución y las leyes.
Este jueves 19, se dio inicio a la segunda discusión en plenaria, pero fue diferida. El parlamento solo alcanzó a modificar 12 artículos.
La reforma a la Ley de Minas se trata de una ampliación a la norma que anunció la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, el pasado 4 de marzo, tras una primera reunión con el jefe del Departamento de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
Según la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que presidente el diputado Orlando Camacho, la reforma pretende refrescar el marco de este sector y establecer nuevas reglas para el manejo de los recursos minerales de Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
