AN difiere por tercera vez discusión del proyecto reforma de la Ley de Minas
Según la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que presidente el diputado Orlando Camacho, la reforma a la Ley de Minas pretende refrescar el marco de este sector y establecer nuevas reglas para el manejo de los recursos minerales de Venezuela
Por tercera vez la Asamblea Nacional (AN) difirió la discusión de la reforma a la ley de minas, un proyecto presentado por Delcy Rodríguez el pasado 4 de marzo. La aprobación de la norma se ha mantenido estancada pese a la celeridad que pidió Rodríguez, quien quedó como encargada del país tras la captura y extracción de Nicolás Maduro.
El proyecto consta de 130 artículos. En la sesión ordinaria de este 7 abril fueron aprobados 60 artículos más —ya se habían aprobado antes 55—, lo que da un total de 115 artículos aprobados hasta ahora del total.
El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, pidió diferir la discusión para otra sesión legislativa. La propuesta que fue aprobada por «extraordinaria unanimidad», según afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dirigió el final del debate.
El artículo 91, aprobado en esta sesión, establece que el pago de regalías al Estado venezolano de hasta 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. Deja claro que el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar los pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie».
Del artículo 94 al 98 se establece el régimen tributario para el sector, que incluye una alícuota de «hasta 6%» como impuesto a la minería.
Los parlamentario aprobaron artículos relacionados con las concesiones que serán de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años.
Una vez que la ley sea sancionada en su totalidad, sustituirá a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.
La reforma al instrumento jurídico ha resultado en una ampliación a la norma. La medida fue propuesta por Delcy Rodríguez, el pasado 4 de marzo, tras una primera reunión con el jefe del Departamento de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
Según la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que preside Camacho, la reforma pretende refrescar el marco de este sector y establecer nuevas reglas para el manejo de los recursos minerales de Venezuela.
La norma establece en su artículo 11, numeral 5 que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde seguridad jurídica. En la norma se señala que en las actividades mineras podrán ser ejercidas por personas naturales que ejerzan la minería artesanal de manera individual.
En tanto, el artículo 9 dice que las partes podrán acordar que las dudas y controversias de cualquier naturaleza, siempre que no puedan ser «resueltas amigablemente», se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante «mecanismos alternativos de resolución de controversias», incluyendo la mediación y el arbitraje.
Según el oficialismo, que tiene mayoría en el Parlamento, con la entrada en vigencia de esta ley las empresas que incurran en daño ambiental tienen que asumir la reparación, «porque se supone que el que haga actividad minera debe hacerlo con responsabilidad ambiental».
Carlos Gamarra, también del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), señaló que «el objeto en sí, está en la remediación y las multas a las empresas que hagan daño al ambiente», desde donde se explote el recurso minero.
Tanto la bancada oficialista como de oposición manifestaron en el comienzo de estas discusiones estar de acuerdo en dejar escrito en la Ley que el Fondo Nacional Minero debe servir para proteger no solo lo social y lo económico, sino también el tema ambiental.
Los parlamentarios dijeron que también se prevé que cualquier alianza que permita al Ejecutivo Nacional acordar la explotación minera con los estados y municipios del país tenga la búsqueda final en organizar el poder nacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
