Partido Encuentro Ciudadano entregará a la AN observaciones sobre Ley de Minas
Comunidades indígenas del municipio Atabapo del estado Amazonas, dieron un ultimátum a las disidencias de las FARC para que dejaran de explotar minas ilegales en su territorio
A la diputada Delsa Solórzano le entregarán un informe que realizará el partido Encuentro Ciudadano en el estado Bolívar, con observaciones y recomendaciones a la Ley de Minas que se discute actualmente en la Asamblea Nacional (AN), según informó el presidente de esa organización, César Ramírez. El documento será extendido a todos los parlamentarios de la fracción de La Concertación.
“La minería ecología y sustentable fue un invento del régimen para justificar el crimen ambiental que se está cometiendo, en ese sentido hay que derogar el decreto que crea el Arco del Orinoco, así como el decreto 2.165 del 30 de diciembre de 2015 que es prácticamente una reforma parcial de la Ley de Minas vigente orientada hacia la explotación del oro, diamante y coltán”, precisó Ramírez, según reseñó Correo del Caroní.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó mediante el decreto presidencial N° 2.248 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) y puso a la disposición 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales, con el objetivo de generar una fuente de ingreso distinta a la del petróleo para fomentar el crecimiento del país.
No obstante, la realidad actual del sur del estado Bolívar evidencia las falsas promesas y el discurso vacío del gobierno ante la supuesta planificación estratégica que representaba el AMO para dar un salto financiero ante la inminente llegada de una crisis económica.
El Arco Minero del Orinoco constituye el 12,2% del territorio nacional y se encuentra al margen del río Orinoco, principal fuente de agua del país. También, en esta zona habitan comunidades indígenas y posee una gran biodiversidad.
Pero en el Arco Minero del Orinoco reina la violencia impuesta por los grupos armados que controlan las minas a plena vista de los cuerpos de seguridad del Estado.
Además, la explotación a todo dar sin el equipamiento correspondiente ni con la tecnología necesaria, representa un impacto fatal para el medio ambiente y pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a las comunidades originarias que habitan en la zona.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en un informe indicó: “seguimos registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco”.
La fuente de empleo que se pretendía construir con el AMO, terminó convirtiéndose en una gran ola migratoria proveniente del interior del país con esperanza de generar ingresos, expandiendo la minería ilegal y transformándolos en participes de los sindicatos, patrones de la violencia.
Alcances de Ley de Minas
De acuerdo con nota de prensa de la AN, esta nueva ley regulará “lo referente a todos los minerales metálicos y piedras preciosas existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea el origen, ubicación o presentación. Salvo los no metálicos que son competencia de los Estados donde se encuentren”.
También da apertura a la inversión privada nacional y extranjera, y promete que “la ejecución de los proyectos mineros procurará la integración de las comunidades indígenas y los pueblos originarios”.
Prevé la posibilidad de acudir al Arbitraje Internacional como medio alternativo de solución de los conflictos, crea el Catastro Minero Nacional, establece áreas donde están excluidas las actividades mineras y áreas donde están restringidas. Amplía el lapso de duración de las concesiones mineras a 60 años, con un período inicial de 30 años, más dos posibles prórrogas de 15 años cada una, entre otros aspectos.
Críticos de la ley
No obstante, algunos dirigentes políticos de oposición y representantes de organizaciones no gubernamentales criticaron el contenido de la nueva Ley de Minas, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y cuestionaron que sea pertinente abordar el tema en medio de la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus.
“Podrá de manera justificada, real, lógica, plantearse la necesidad de una nueva legislación en el tema minero, todo eso es válido, pero qué premura tenemos cuando este país está debatiendo una farsa electoral, las jugadas de Maduro para eternizarse en el poder, esa es la primera preocupación que tiene Venezuela. Debemos tener sentido de oportunidad de las cosas y este no es el mejor momento para debatir una ley minera que haga justicia en Venezuela”, sostuvo el dirigente de La Causa R Andrés Velásquez.
Zonas protegidas
Algunas de las recomendaciones escritas en el informe expresarán la necesidad de que las áreas bajo régimen de administración especial (Abraes) estén señaladas y que se prohíba la explotación minera, como en parques nacionales y/o algunas otras zonas protegidas.
También proponen que las concesiones y los títulos mineros estén obligados a restaurar el área en la que trabajan y reforesten las que vayan dañando.
Asimismo, el presidente de Encuentro Ciudadano en el estado Bolívar mencionó que urge que se migre a un sistema de producción menos contaminante para el ambiente, ya que aunque está prohibido el uso del mercurio, se trabaja con cianuro que es igual o más contaminante.
Por otro lado, en el informe se solicitará la descriminalización de la actividad minera en el estado Bolívar y en toda Venezuela. “No es posible que un minero artesanal sea víctima de un decomiso, de una presentación a tribunales solo por llevar consigo material producto de su trabajo, hay que parar el matraqueo».
Indígenas de Amazonas rechazan actividades mineras de las FARC
Por su parte, comunidades indígenas del municipio Atabapo del estado Amazonas dieron un ultimátum a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para retirarse de su territorio. El 6 de agosto, la comunidad indígena Piedra Blanca -de la etnia cubeo- retuvo una maquinaria que el grupo irregular pretendía ingresar, para la extracción de minerales en el Parque Nacional Yapacana, uno de los más afectados por la minería ilegal en la Amazonía venezolana.
Desde entonces han realizado asambleas comunitarias, recolectado firmas y sumado el apoyo de dos caciques generales y 37 capitanes indígenas comunitarios para reclamar la salida de este grupo armado en particular que, denuncian, impone su ley, se ha apoderado de las minas ilegales y viola los derechos de los pueblos indígenas, destacó Correo del Caroní.
El pasado miércoles, los indígenas fueron al puesto de la guerrilla conocido como Puerto Cuarenta y exigieron al comandante J la salida del territorio.
Nancy Herrera, líder indígena e hija del cacique general de la parroquia Yapacana, Claudio Raúl Herrera, aseguró que están en una situación crítica “en amenaza de parte de las FARC y no contamos con apoyo del gobierno porque ellos están junto con las FARC, los militares venezolanos”.
“Muchos indígenas estaban a favor de ellos (guerrilla) porque empezaron a cobrar impuestos, porque se benefician, pero los caciques están unidos y en contra de la presencia de la guerrilla. Están decididos a defender porque de qué van a vivir nuestros hijos y nietos. No negamos que hay minería, que no son kilos, sino toneladas”, relató.
