ONG solicitan «presión diplomática» a autoridades venezolanas por «terrorismo de Estado»
Organizaciones de derechos humanos solicitaron a la comunidad internacional «que se mantenga el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada». Acusaron al gobierno de Maduro de combinar métodos «duros» y «blandos» de represión, con el objetivo de «neutralizar» a corto plazo y generar un «efecto inhibitorio» en los ciudadanos
Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este martes 3 de septiembre la aplicación de «terrorismo de Estado», la instalación de un «régimen de excepción» y la continuidad del crimen de persecución política, debido a los eventos pre y poselectorales en el país por la actuación del gobierno de Nicolás Maduro en estos hechos.
En un informe divulgado bajo el nombre «Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela: el libro negro de la dictadura», el movimiento de organizaciones solicitó a la comunidad internacional «mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas», así como la identificación de los responsables directos de graves violaciones a los derechos en el país.
El grupo de oenegés señaló que «la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como terrorismo de Estado», un calificativo que ya han aplicado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También destacaron que «21.7% de los artículos de la Constitución» se han derogado. Estos artículos están vinculados a derechos fundamentales, por lo que consideran que «en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos».
Además, acusaron a las autoridades de combinar métodos «duros» y «blandos» de represión, con el objetivo de «neutralizar» a corto plazo y generar un «efecto inhibitorio» en los ciudadanos. Las ONG reportaron que entre 24 y 26 personas fueron asesinados y al menos 2.000 fueron detenidos como una «cuota».
Durante el primer semestre del año, según el informe, en el país se registraron 2.383 protestas, 56% de ellas relacionadas a exigencias por derechos económicos, sociales y culturales. Sólo durante el mes de julio ocurrieron al menos 1.311 movilizaciones. 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos.
Durante los primeros siete meses del año registraron 169 personas detenidas de manera arbitraria por razones políticas. Uno de los casos es el de la defensora Rocío San Miguel, vinculada a una supuesta conspiración denominada «Brazalete Blanco».
Como principal vocero de la represión identificaron al gobernante Nicolás Maduro, «incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados».
En su informe, las organizaciones también hicieron un llamado a que los Estados parte del Estatuto de Roma «incidan en la Corte Penal Internacional para que lo denunciado se incluya dentro de la investigación Venezuela I, así como iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones.
Otras de las solicitudes es «que se mantenga el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independientes», al igual que una revisión de la Carta Democrática Interamericana «y la creación de nuevos y novedosos mecanismos para la incidencia multilateral sobre quiebres institucionales en el continente».
También pidieron que las víctimas venezolanas sean reconocidos como interlocutores en cualquier proceso, y que el tema de la crisis venezolana sea incluido en la Cumbre Celac-Unión Europea, que se realizará en Colombia el año próximo. Respecto a sus aliados regionales, solicitaron a ONG que apliquen iniciativas de «Nombrar y avergonzar» a los violadores de derechos humanos de Venezuela.
