ONG pide «seguir de cerca» acuerdos firmados entre la Fiscalía de la CPI y el gobierno
La oenegé Defiende Venezuela recordó que «la historia reciente de Venezuela muestra una falta de voluntad política para perseguir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad»
La ONG Defiende Venezuela pidió a otras organizaciones «seguir de cerca» los acuerdos suscritos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que expresó «serias preocupaciones» sobre la implementación del convenio firmado pues «puede llevar a una situación de impunidad si no se ejecuta con una supervisión estricta y un compromiso genuino por parte del gobierno venezolano».
En un comunicado, la oegené señaló que si bien la Política de Complementariedad y Cooperación de la CPI es «bien intencionada», los compromisos podrían quedarse en meras declaraciones «sin un mecanismo robusto de seguimiento y presión internacional».
Defiende Venezuela calificó como positiva la intención del Estado venezolanos de incorporar el Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la Corte, en el marco jurídico nacional, «pero la historia reciente de Venezuela muestra una falta de voluntad política para perseguir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad».
«Además, el regreso del equipo técnico de la CPI a Caracas para desarrollar iniciativas de complementariedad positiva debe ser monitoreado de cerca. Existe el riesgo de que estas iniciativas sean utilizadas por el Estado como una fachada para evitar una verdadera acción judicial contra los responsables de violaciones de derechos humanos», advirtió la organización.
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Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad y abogado de Defiende Venezuela, insistió en que es fundamental «que estas promesas del gobierno se traduzcan en acciones concretas que permitan a las víctimas avanzar hacia una justicia verdadera».
También enfatizó la necesidad de que la CPI mantenga su investigación independiente. «La nueva política de complementariedad y cooperación de la CPI representa una consolidación estratégica de su visión para reducir la brecha en la rendición de cuentas respecto a los crímenes internacionales (…) Esto es vital para asegurar que las víctimas en Venezuela vean avances reales en sus casos».
Para Defiende Venezuela, la invitación a que retorne la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un «desarrollo prometedor», aunque su efectividad dependerá de la capacidad de esta oficina para operar sin restricciones.
Insistió en que, tanto la CPI como las organizaciones defensoras de derechos humanos, «deben ser vigilantes para asegurar que estas medidas no se conviertan en relaciones públicas, sino que contribuyan a la justicia para las víctimas».
Con información de nota de prensa
