ONG denunció muerte de preso que tenía medidas cautelares de la CIDH
En las medidas tomadas por la CIDH se consideró la situación de tortura, violación al derecho a la defensa, al debido proceso y a asistencia médica de José Humberto Hernández
La ONG Defiende Venezuela denunció la muerte de José Humberto Hernández, detenido desde marzo de 2016 en la cárcel Fénix (estado Lara), el pasado 23 de marzo cuando esperaba ser atendido en un centro de salud, pese a contar con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A Hernández, de 67 años, la CIDH le otorgó las medidas tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
En las medidas, acordadas el pasado 30 de enero, se consideró la situación de tortura, violación al derecho a la defensa, al debido proceso y a asistencia médica de Hernández, según detalló su abogado Yeimber Machado.
Hernández se desempeñaba como vigilante del aeroclub de Barquisimeto cuando fue detenido en marzo de 2016, y acusado de presunto tráfico de drogas. Al momento de su aprehensión, fue golpeado por los funcionarios de seguridad y obligado a declararse culpable.
Entonces, el Tribunal sexto de Juicio del estado Lara le imputó los presuntos delitos de tráfico de drogas en grado de cómplice no necesario y asociación para delinquir. A partir de allí, el proceso se estancó.
«Este ha sido un proceso judicial paralizado, bastante distendido en el tiempo. Va a cumplir cinco años detenido en prisión preventiva, pues no hay setencia condenatoria, aún cuando el Código Orgánico Procesal Penal dice que una persona solo puede permanencer un máximo de dos años detenido», señaló su abogado a principios de febrero.
En 2018, José Humberto Hernández fue visitado por el plan Cayapa en la cárcel Fénix. El Ministerio de Servicios Penitenciarios, debido a su estado de salud, acordó darle una medida humanitaria, aunque su abogado explicó que en ese momento «no había sistema y no se puedo ejecutar la libertad. Cuando transcurren los días y sus familiares acuden a la cárcel para saber el estatus, le dijeron que se extravió del sistema».
El abogado Machado, que también representa a la organización Defiende Venezuela, calificó la actuación como una «negligencia de los funcionarios de la cárcel» que solo contribuyó a empeorar la situación de Hernández, quien sufría de hipertensión, prostatitis crónica grado 3, hernia inguinal y umbilical.
Además, el año pasado sufrió un derrame pleural que le ocasionó dificultad respiratoria, neumonía, y probablemente tuberculosis, destacó su abogado, quien señaló que el problema estaba en «la actuación del Estado ante la situación del señor Hernández y las excusas para denegarle justicia y su derecho a la salud».
Defiende Venezuela exigió justicia en el caso de Hernández y reparación a sus familiares, «quienes no recibieron respuesta de las autoridades venezolanas ni acordaron los traslados médicos pese a estar en conocimiento del grave estado de salud, pues fue denunciado por sus seres queridos y abogados».
Con respecto al retardo judicial del que fue víctima Hernández, su abogado destacó que el Tribunal Sexto de Juicio de Lara se excusó en la falta del expediente para negar traslados, medidas humanitarias y la continuación del juicio.
Desde 2017 uno de los coimputados interpuso un amparo y el Tribunal Supremo de Justicia, a través de Sala Constitucional, pidió el expediente. El abogado detalló que «no dejaron copias del expediente en ese tribunal de Barquisimeto, y por tanto el juez alegó que no podía realizar ningún tipo de actuación».
