Observatorio de Prisiones: No hay políticas para garantizar todos sus derechos a reclusos
El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que el Estado «ha cerrado inexplicablemente 14 cárceles», lo que ponen presión sobre otros recintos y los calabozos policiales, que no están construidos para albergar una gran cantidad de reclusos. El hacinamiento hasta octubre de 2024 se calculó en 154,6%. La organización denunció que los derechos políticos de los privados de libertad no fueron respetados en la última elección
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) manifestó este jueves 17 su preocupación por «la falta de políticas públicas» y los mecanismos implementados que no garantizan todos los derechos humanos, incluidos los derechos políticos de la población reclusa en el país.
Durante la presentación del informe «Derechos políticos de la población reclusa», Humberto Prado, abogado y director del OVP, señaló que sólo 38 de 52 cárceles construidas se encuentran operativas, tras las tomas y cierres de algunos centros durante 2023 como parte del «plan de revolución judicial».
«El Estado ha cerrado inexplicablemente 14 cárceles, como si esa fuera la solución (…) dejando a los calabozos policiales como centros penitenciarios, lo que trae una tremenda incomodidad para las personas encargadas de la seguridad ciudadana. Un policía está formado para la seguridad ciudadana, no para estar cuidando a personas privadas de libertad», aseveró Prado.
Para octubre de este año, el Observatorio señaló que hay un hacinamiento crítico debido a que la población reclusa sobrepasa 154,6% de la capacidad instalada.
Respecto al ejercicio del derecho al voto de los procesados y condenados durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el abogado recordó que una persona privada de libertad no pierde sus derechos políticos, a menos que exista una sentencia debidamente firme y se contemple una pena accesoria de inhabilitación política.
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Pero en la práctica, a los detenidos –condenados o no– se les impone un castigo adicional al cercenar su derecho al voto, lo que contradice el precepto de reinserción social de la persona en su comunidad.
Según los cálculos del Observatorio, de 30.332 personas detenidas en cárceles de todo el país, 9.706 han recibido una condena, pero se desconoce si esta cantidad de reclusos tiene una pena accesoria que le impida ejercer el voto.
«Hay una gran incapacidad por parte del Estado para entregar información sobre las condenas, lo que incluye datos sobre los delitos que cometieron, el tipo de penas accesorias o las condiciones» del detenido, indicó el director del OVP.
También exhortó a los directores de cárceles y al propio Ministerio de Servicio Penitenciario a que «revisen sus archivos administrativos» para constatar «cuántas personas con sentencia definitivamente firme cuentan con una copia de sus expedientes y sentencias. Ponen a los familiares a pagar las copias de las sentencias, eso debe ser gratuito y debería ser remitido por el propio Estado».
De acuerdo a los datos del Observatorio de Prisiones, a 42.863 personas detenidas en cárceles y calabozos policiales se les debería garantizar el derecho al voto. Sin embargo, el ministro Julio García Zerpa informó el mismo día de las elecciones presidenciales que estaban habilitados 18 centros de votación para que ejercieran su derecho 1.900 privados de libertad, es decir, 9,21%.
Según información extraoficial que obtuvo el Observatorio, el CNE para el mes de julio tenía previsto habilitar 31 mesas de votación en 21 centros ubicados en penales, con el objetivo de atender a 19.880 personas, incluyendo a privados de libertad y las comunidades aledañas a estos recintos carcelarios.
«La realidad en las cárceles y calabozos policiales del país demuestra que, contrario a lo que señala nuestra legislación, la privación de libertad suele ser motivo suficiente para negar a las personas el ejercicio de sus derechos políticos, específicamente el derecho al voto», señaló Prado.
Esto, a juicio del experto, demuestra «la falta de voluntad en conformar un sistema penitenciario humanista y con respeto a los derechos humanos de los internos».
El Observatorio de Prisiones recomendó al Estado venezolano establecer una colaboración estrecha entre las autoridades competentes (Consejo Nacional Electoral y Ministerio de Servicio Penitenciario) a fin de que se planifiquen y ejecuten operativos especiales para inscripción y cedulación de reclusos, especialmente en aquellos lugares donde los detenidos hayan superado la mayoría de edad.
También se incluyó entre las recomendaciones el garantizar presencia de testigos y observadores nacionales e internacionales en las cárceles, con la seguridad necesaria; el informar oportunamente a la población reclusa sobre los procesos electorales y las opciones disponibles; la presentación de un registro desagregado de los reclusos habilitados a votar, incluyendo su ubicación y su situación; que se garantice el derecho al voto de forma segura y secreta; así como ayudar los detenidos con algún problema de discapacidad y traducir la información a aquellos detenidos que formen parte de una etnia indígena.
