Martha Tineo: Números de excarcelaciones anunciados nunca se han podido verificar
La codirectora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, aseguró que existe «una enorme brecha» entre las cantidades anunciadas oficialmente y las excarcelaciones que las organizaciones de derechos humanos consiguen comprobar. En entrevista con Víctor Amaya en Noche D, explicó que la falta de listas oficiales, el temor de las familias a denunciar y la existencia de casos desconocidos dificultan conocer cuántas personas permanecen realmente detenidas por razones políticas
Las organizaciones defensoras de derechos humanos nunca han podido verificar las cantidades de excarcelaciones anunciadas oficialmente por las autoridades venezolanas, afirmó Martha Tineo, codirectora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al referirse al más reciente proceso iniciado el viernes 14 de agosto. «La verdad es que nunca, nunca hemos llegado al número que se anuncia», dijo Tineo durante una entrevista con Víctor Amaya en el programa Noche D, transmitido por TalCual.
El Ejecutivo anunció la excarcelación de 131 personas. Para el momento de la entrevista, JEP había conseguido verificar 83 casos. «Yo no sé si de verdad salieron 131. ¿Por qué no publican la lista?», planteó la defensora de derechos humanos.
Tineo sostuvo que la publicación de los nombres permitiría despejar las dudas sobre el cumplimiento de los anuncios y facilitaría la verificación tanto de las ONG venezolanas como de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
«Lo cierto es que nosotros nunca hemos podido verificar las cantidades que son anunciadas de forma oficial. Siempre hay una enorme brecha entre el anuncio y la realidad que nosotros logramos constatar», afirmó.
Según explicó, el problema no necesariamente implica que todas las personas anunciadas continúen detenidas. Las organizaciones pueden desconocer algunos casos debido a que las propias familias han evitado denunciarlos por temor a represalias.
De las 83 excarcelaciones verificadas desde el viernes 14 de agosto, 11 correspondían a personas que no aparecían previamente en los registros de JEP como presos políticos. «Nos enteramos de esos casos porque estas personas fueron excarceladas», explicó.
Familias que permanecen en silencio
Tineo señaló que los registros de las organizaciones de derechos humanos no pueden considerarse cifras cerradas porque dependen de los casos que consiguen identificar, corroborar y documentar.
Aseguró que existen familias que han permanecido durante años sin denunciar públicamente las detenciones por miedo a ser también perseguidas.
La defensora mencionó el patrón de persecución contra familiares y allegados de personas detenidas, documentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, como uno de los factores que explican ese silencio.
También sostuvo que algunas familias reciben advertencias para que eviten acudir a organizaciones de derechos humanos o denunciar públicamente los casos.
Cuando se anuncian nuevas excarcelaciones, explicó Tineo, algunas de esas familias se acercan por primera vez a las ONG ante la expectativa de que sus parientes puedan ser incluidos. «Esto no es una cifra estática. Responsablemente nadie puede decir: ‘Mira, son 200’. No. Tengo información de 200, pero pueden ser muchos más», afirmó.
JEP mantenía, una vez descontadas las excarcelaciones que había podido comprobar, un registro de al menos 448 personas privadas de libertad por razones políticas. Entre ellas, indicó Tineo, se encuentran mujeres, adultos mayores de 70 años, personas con enfermedades graves, extranjeros, venezolanos con doble nacionalidad y militares.
Excarcelación no significa libertad plena
Tineo advirtió además que las personas que han salido de prisión durante el proceso iniciado el 14 de agosto no han recibido libertad plena. «Se trata de excarcelación. Estas personas se mantienen sometidas a estos procesos judiciales», explicó.
Según la abogada, a la mayoría se les impusieron medidas de presentación periódica ante tribunales. En muchos casos, deberán trasladarse regularmente hasta Caracas para cumplirlas.
Tineo sostuvo que esa obligación representa una carga adicional para familias económicamente golpeadas después de años en los que debieron proporcionar alimentos, agua, medicamentos y otros insumos a sus familiares encarcelados. Aseguró que desde enero han salido de prisión más de 800 personas detenidas por razones políticas, de acuerdo con los registros de JEP, pero precisó que la mayoría recibió medidas sustitutivas de la privación de libertad. Solo una parte obtuvo libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía o por haber cumplido la pena.
Sobre esa ley, Tineo recordó que JEP cuestionó desde su aprobación los períodos incluidos porque dejaban fuera a una cantidad importante de presos políticos. Según sus registros, menos de 200 personas salieron con libertad plena como consecuencia directa de la amnistía.
El caso de Emirlendris Benítez
Durante la entrevista también se abordó el caso de Emirlendris Benítez, excarcelada el viernes 14 de agosto después de haber sido condenada a 30 años de prisión. Tineo explicó que Benítez recibió una medida por razones humanitarias debido a su estado de salud, pero la condena continúa vigente y deberá presentarse periódicamente ante tribunales. Debido a sus dificultades de movilidad, se evalúa que pueda cumplir esa obligación en Barquisimeto y no en Caracas.
La abogada señaló que Benítez presenta una lesión en la columna que no había podido ser diagnosticada adecuadamente mientras permanecía detenida y que ahora comenzará a someterse a evaluaciones médicas. «Ahora mismo lo que está pasando con Emirlendris no lo sabemos», afirmó.
Tineo sostuvo que su caso permite mostrar las consecuencias de la prisión por razones políticas en Venezuela y recordó las denuncias de desaparición forzada, torturas y falta de atención médica formuladas durante los años de detención. La defensora insistió en que las medidas de presentación mantienen restricciones que dificultan que las personas excarceladas recuperen completamente sus vidas, desde conseguir empleo hasta cambiar de domicilio o salir del país. «Te saco de prisión, pero la prisión te persigue a donde vas», resumió Amaya durante la conversación.
«Quién se queda y quién se va»
Para Tineo, la ausencia de información oficial también incrementa la angustia entre las familias que esperan las excarcelaciones. Mientras no existan listas, dijo, familiares permanecen frente a los centros de reclusión sin saber si la persona que esperan forma parte del grupo anunciado.
«Esto parece más bien una especie de lotería, un asunto azaroso en el que se sigue decidiendo de forma discrecional quién se queda y quién se va», afirmó.
JEP había verificado desde el 14 de agosto la excarcelación de 17 mujeres, pero mantenía otras 40 en su registro de personas todavía privadas de libertad por razones políticas. Tineo aseguró que cada nuevo proceso genera expectativas entre quienes permanecen detenidos y sus familiares, que vuelven a enfrentar la frustración cuando concluye una ronda de excarcelaciones sin que ellos sean incluidos.
A su juicio, la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas sería además una señal necesaria dentro del actual proceso de conversaciones políticas. «Si se quiere hablar de un mecanismo que va a poner a Venezuela en posición del inicio de una transición hacia la democracia, de una reinstitucionalización, de una superación de la crisis, lo coherente es que finalmente sean liberados todos los presos políticos», sostuvo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
