Luego de 67 días, teniente coronel Igbert Marín levantó huelga de hambre
El teniente Igbert Marín Chaparro fue condenado en diciembre de 2020 a siete años y seis meses de prisión. Esta fue la segunda huelga de hambre del militar para exigir respeto a sus derechos básicos y el traslado a la cárcel de Ramo Verde, como lo ordenó un tribunal
Luego de 67 días en huelga de hambre, los familiares del teniente coronel Igbert Marín Chaparro anunciaron que el militar levantó la protesta el viernes 27 de enero.
A través de su cuenta en Twitter, los familiares agradecieron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por recibir y escuchar con atención las necesidades de los familiares de los presos políticos militares, agregaron que confían en el compromiso de solidaridad y acción que acompañó su visita al país.
#27Ene Agradecemos al Alto Comisionado de los DDHH de la ONU @volker_turk por recibir y escuchar con atención las necesidades de los familiares de los presos políticos militares.
Confiamos en el compromiso de solidaridad y acción que acompaña su visita a #Venezuela. pic.twitter.com/honO9KfCq3
— Liberen a Igbert (@liberenaigbert) January 27, 2023
Igbert Marín inició la protesta el martes 22 de noviembre de 2022 dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde se encuentra recluido, para exigir que se le respetaran sus derechos mínimos, su traslado a otro centro de reclusión y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
Este sábado el Alto Comisonado Volker Türk, que estuvo de visita desde el 26 enero, solicitó la liberación de todos los presos «detenidos de forma arbitraria» en el país, al igual que investigaciones creíbles sobre desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El funcionario de la ONU señaló que se le entregó a la administración de Nicolás Maduro una lista detallada sobre presos políticos que espera sean liberados, entre ellos figura el teniente coronel Igbert Marín, quien fue jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna y ha asegurado que ha subsistido durante casi cinco años al «secuestro» dentro de los sótanos de la Dgcim y afirma que ha sido sometido «a varias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos».
El oficial del Ejército, quien en diciembre de 2020 fue condenado a siete años y seis meses de prisión, ha denunciado golpizas, aislamiento, negación de asistencia médica y de alimentos y violencia psicológica.
Fue apresado el 16 de marzo de 2018 por funcionarios de la Dgcim y estuvo desaparecido forzosamente durante sus primeros días de detención, hasta que fue presentado en tribunales militares. Allí se le acusó de presunta traición a la patria, delito que luego le fue eliminado durante el juicio, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar.
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