La CPI firmó acuerdo de plan de trabajo con el gobierno de Maduro
La Corte Penal Internacional (CPI) firmó un plan de trabajo con el gobierno de Nicolás Maduro, para facilitar la colaboración con las autoridades venezolanas y con la Fiscalía General de la República
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, que su oficina firmó un plan de trabajo con el gobierno de Nicolás Maduro, para facilitar la colaboración con las autoridades venezolanas y con la Fiscalía General de la República.
Atención.
Fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que hace 2 días su Oficina firmó un plan de trabajo con el Gobierno de Venezuela.
Para facilitar colaboración con autoridades y la Fiscalía General.
Lo que podría significar inminente Oficina del Fiscal en el país 🇻🇪… pic.twitter.com/JrkwOLyno9
— PROVEA (@_Provea) December 4, 2023
En este sentido, Provea consideró que el anuncio del fiscal de la CPI puede implicar la inminencia de la instalación de la instalación de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela.
Indicó que, “esta Oficina tendría funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio 2023 en el Memorándum de Entendimiento”.
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Provea resaltó que el pasado 9 de octubre un grupo de ONGs solicitó al gobierno de Maduro que hiciera público el Memorándum de Entendimiento por tratarse de “cooperación y asistencia técnica”.
El pasado 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En su decisión, publicada por la Sala en la página web de la CPI, los jueces hicieron un recuento sobre la situación conocida como Venezuela I, las acciones del fiscal Karim Khan y los recursos ejercidos por la administración de Nicolás Maduro para retrasar la investigación.
Los jueces Péter Kovács (presidente de la Sala), René Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera destacaron que «sobre la base de numerosos alegatos presentados por Venezuela, la Sala considera que Venezuela parece admitir que no está investigando las alegaciones de hecho subyacentes y los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad».
Señalaron que el Estado venezolano apenas investiga menos de la mitad de los casos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Los casos tampoco están lo suficientemente sustentados a la hora de identificar las actividades criminales cometidas por los señalados y, en alguna situaciones, apenas se refieren como violaciones de derechos humanos pese a delitos específicos identificados como tortura.
