La Conversa | Alvarado: “Tenemos 11 años con reportes de crímenes de lesa humanidad”
El coordinador de la ONG Provea señaló que el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ratifica un patrón sistemático que tiene al menos una década. Advirtió que en el país es imposible ejercer el principio de complementariedad porque no hay voluntad política, aunque dijo que el Ministerio Público aún está a tiempo de investigar las muertes poselectorales. Calificó de abuso el ataque en el Caribe a embarcaciones que presuntamente transportaban droga a Estados Unidos
Para el coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Acción Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentado este lunes 22 de septiembre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratifica un patrón que se viene estableciendo desde hace más de una década.
“Tenemos 11 años consecutivos con reportes que indican crímenes de lesa humanidad, la Misión está investigando los casos ocurridos desde 2014 y ya ha denunciado esto, eso nos obliga a pedir justicia a los altos responsables para que rindan cuenta ante organismos nacionales o internacionales”.
Alvarado dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual que en Venezuela no hay posibilidad de complementariedad en las investigaciones sobre presuntos delitos de lesa humanidad debido a que no existe voluntad de parte del Estado.
“El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, le dijo a los miembros del gobierno que eran los principales responsables de investigar y desde las muertes por las protestas en 2017 eso no ha pasado, los casos que se han investigado es por la presión que ejercen familiares y organizaciones civiles. Funcionarios que han sido señalados más bien son promovidos de rango”, dijo el activista en el programa que estuvo conducido por Ronna Rísquez, directora de ARI y Víctor Amaya, director de TalCual.
Amaya apuntó que la propia Marta Valiñas, presidenta de la Misión, leyó en la presentación del documento que en Venezuela no hay autoridad capaz de prevenir y castigar a los violadores de derechos humanos.
El abogado denunció que en lo que concierne a la denominada masacre de San Jacinto en Maracay, estado Aragua, donde murieron siete personas por arma de fuego luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, el Ministerio Público solo ha presentado a un presunto responsable por el fallecimiento del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents.
Alvarado aprovechó para preguntar al fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, qué ha pasado con el resto de los 24 muertos en las protestas poselectorales que documenta el informe de la ONU.
“Hay indicios de que las heridas a estas personas fallecidas en San Jacinto se produjeron producto de disparos con fusiles”.
Amaya recordó que el propio Nicolás Maduro acusó a la oposición de haber asesinado a manifestantes luego del 28J y el fiscal asomó que esas muertes eran atribuibles a la líder opositora, María Corina Machado.
“Eso ya constituye un motivo para que renunciara al cargo, porque cuando excluye a quienes pudieran ser los posibles responsables está contaminando la investigación. La voluntad del Ministerio Público es producir impunidad”.
El profesional del derecho dijo que de las 25 muertes, en al menos 12 hay señalamientos contra funcionarios policiales y puso como ejemplo el caso impune de Aníbal José Romero Salazar alias “Pimpina” de 27 años, quien -según testigos- habría sido víctima de efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Carapita.
“Quisieron presentar este grotesco hecho como si se hubiese echado salsa de tomate. Aquí hay una clara intención de no investigar”.
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Sin sorpresas con la respuesta del oficialismo
Según Amaya, de acuerdo a voceros del madurismo, el informe de la Misión está lleno de inventos y elaborado por personas que ni siquiera vinieron a Venezuela a investigar.
“No hay ninguna sorpresa con eso, el gobierno tiene una política de descalificar a los investigadores. ¿Si no están de acuerdo por qué no muestran sus propias investigaciones?, ¿Por qué no indagan?. La Misión toma en cuenta cifras oficiales, el propio gobierno dijo en cadena nacional que habían detenido a más de 2 mil personas”.
Alvarado sentenció que detrás de cada víctima de la represión poselectoral hay familiares que han padecido.
Rísquez apuntó que muchos de los familiares de los detenidos ni siquiera cuentan con recursos para llevarles comida, mucho menos para trasladarse a otros estados.
“La represión profundizó la situación de pobreza, la mayoría son personas de bajos recursos económicos, muchos del interior que luego de excarcelados los sometieron a un régimen de presentación en Caracas”, sentenció Alvarado.
Rísquez también recordó que hubo más de 200 adolescentes detenidos.
“Hay denuncias de torturas, algunos recibieron electricidad, les clavaron agujas bajo las uñas, para la ley venezolana todo menor de 18 años es un niño, niña o adolescente. ¿Cómo es posible que un fiscal o un juez no tenga la sensibilidad para abrir al menos una investigación?. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, debería estar acompañando a estas víctimas y exigirle al Ministerio Público que investigue, el fiscal todavía está a tiempo de hacerlo e indagar en la responsabilidad de los mandos altos y medios”, sostuvo el defensor de DDHH.
De acuerdo a Alvarado, algunos presos políticos se encuentran en situación de aislamiento, práctica que puede calificarse como tortura porque es un trato cruel e inhumano.
“Es la situación de Enrique Márquez y la del abogado de Provea, Eduardo Torres, quien va a cumplir cinco meses sin recibir visita de sus familiares y abogados”.
A juicio del abogado de la ONG venezolana, es perentorio que la ciudadanía tenga un mayor compromiso con los presos políticos.
“Hay que denunciar la persecución que se mantiene a las hermanas Baduel y a Sairam Rivas. Podemos ser solidarios de muchas formas, no solamente públicamente. Se le está pidiendo al Papa León XIV que interceda para una canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sin presos políticos”.
Un abuso en el Caribe
El coordinador de Provea no quiso profundizar en el caso de las embarcaciones hundidas por la Armada estadounidense en el mar Caribe, señaladas por la administración del presidente Donald Trump de transportar droga, sin embargo las calificó de abuso.
“Vamos a sacar un pronunciamiento próximamente y no me quisiera adelantar. Ningún familiar de las personas que allí murieron nos ha contactado, nuestra recomendación es que acudan a las instituciones; organizaciones como Amnistía Internacional, Humans Right Watch y WOLA han calificado esto como uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
