Incluir a ONG en Ley contra el Terrorismo pone en riesgo a sus beneficiarios
Representantes de las ONG Convite y Provea consideran que esta nueva normativa es inconstitucional y busca perseguir, amedrentar e intimidar a las organizaciones y a sus beneficiarios
El acoso por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) sigue tomando terreno. Esta vez con la nueva normativa para el registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo se pretende aumentar el control hacia estas.
Con un plazo de 30 días para registrarse y con exigencias de develar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los donantes y quiénes los socios, las autoridades pretenden inmiscuirse en las labores de defensa de derechos humanos, así como en el trabajo de ayuda humanitaria que las ONG realizan en el país.
“Es ilegal desde todo punto de vista porque se les está dando (a las ONG) un trato de terroristas porque parte del principio de que si no te registras, eres terrorista; ya por ahí hay un trato inadecuado, sobre todo a las organizaciones que estamos registradas en Venezuela”, detalla Luis Francisco Cabezas, director de Convite.
Marino Alvarado, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), explica que esta “normativa es inconstitucional” porque obstaculiza el trabajo de miles de organizaciones que trabajan en el país por la justicia, el bienestar social y la defensa de los derechos humanos.
Alvarado sostiene que el aspecto más importante de esta normativa publicada en la Gaceta Oficial 42.098 es que pretende “convertir a las organizaciones sociales en sapos cooperantes, en patriotas cooperantes, cuando se pretende que frente a una dictadura como la de Maduro se dé información de quiénes son los beneficiarios de las ONG”.
En este mismo sentido, Cabezas expone que lo que solicita la normativa “es grave”, pues el Estado que es el responsable de desapariciones forzosas, de ejecuciones extrajudiciales, de operativos con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y viola los derechos humanos pide a las ONG “el listado de quiénes son los denunciantes. Es una locura”, sostiene.
A juicio de ambos defensores de DDHH, detrás de esta nueva normativa hay enormes peligros y riesgos, no solo para las ONG sino también para los beneficiarios. Tanto Alvarado como Cabezas indican que con esta nueva ley se busca perseguir, amedrentar e intimidar; lo que conlleva a que la gente se abstenga de denunciar al Estado porque las organizaciones que llevan estas causas ahora están obligadas a revelar la identidad de los denunciantes y a dejarlos expuestos.
Para el representante de Convite, la acción más urgente que deben realizar las ONG del país es denunciar ante organismos internacionales esta nueva acción del régimen de Nicolás Maduro. “Hay que elevar la voz, hacer llegar la información a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a su equipo instalado en Venezuela porque esto nos pone al borde de la ilegalización”.
Las ONG del país no acatarán el llamado a este registro, pues consideran que sería darle información a la dictadura para que aumenten las represiones, las torturas y las detenciones arbitrarias. “No lo vamos a hacer y resistiremos; ese es un punto que no tiene negociación”, enfatiza Marino Alvarado.
Por su parte, Luis Francisco Cabezas recuerda que las organizaciones no gubernamentales que laboran en el país están registradas legalmente en el Seniat, Saren y desarrollan operaciones económicas a través de la banca nacional que son monitoreadas por Sudeban.
Cabezas advierte que con esta acción se está atacando la labor humanitaria, la defensa de los derechos humanos y la protección a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto a quiénes son las organizaciones donantes, tanto Provea como Convite insisten en que no tienen problema con esta información, pues recuerdan que es de manejo público y mencionan a la Unión Europea, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch (HRW), así como otras organizaciones del continente.
