Human Rights Foundation condena asesinatos a cargo del régimen de Daniel Ortega
Desde el inicio de las protestas antigubernamentales el pasado 18 de abril han fallecido más de 200 personas, motivando a los ciudadanos a exigir la renuncia de Daniel Ortega
Human Rights Foundation (HRF) condena las más de doscientas muertes a manos de agentes del Estado y miembros de grupos irregulares afines al régimen autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. HRF también se une a múltiples pedidos de cese de la violencia de parte del gobierno contra los ciudadanos que protestan.
Las protestas se iniciaron el 18 de abril luego de que el régimen anunció y aprobó de manera ilegal un incremento en las cargas sociales a los trabajadores y empleadores. La represión violenta de las protestas se inició inmediatamente y motivó a los ciudadanos a exigir la renuncia del presidente y una reforma electoral que permita una transición a la democracia, seriamente erosionada bajo el régimen reeleccionista y autoritario del presidente Ortega.
“Las ‘muestras de buena voluntad’ del régimen nepotista y despótico de Ortega para acabar con esta grave crisis no son más que una cortina de humo. La violencia y los asesinatos no han cesado y no cesaron ni antes ni durante ni después del establecimiento de ‘mesas de diálogo’ y de otros mecanismos para acabar con la crisis, que cuentan con la venia y participación activa de un régimen hipócrita.
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Tampoco cesaron con la visita de una misión de la OEA al país por invitación del mismísimo Ortega, ni con la publicación del informe de la organización, condenatorio de las graves violaciones de derechos humanos durante las protestas”, dijo Centa B. Rek, asociada legal internacional de HRF. “Es más, la violencia y crueldad con las que opera este gobierno han escalado con ejecuciones extrajudiciales como medio de intimidación. Está claro que a Daniel Ortega y a su entorno no les interesa el pueblo nicaragüense, si no perpetuarse en el poder”, precisó Rek.
El 2 de junio, el presidente Ortega destacó la instalación de mesas de diálogo en diferentes municipios del país, luego de la firma de acuerdos y compromisos verbales con la sociedad civil para poner fin a la violencia. Dos días después, la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció que ese mismo día se registraron al menos diez fallecimientos, sesenta y dos heridos, diez desaparecidos y ciento veinte detenidos luego de que barricadas en la ciudad de Masaya al oeste del país fueron violentamente atacadas por la policía local y grupos irregulares afines al régimen.
El 15 de junio se reanudaron las conversaciones por la paz entre el gobierno, representantes de la sociedad civil y la iglesia católica, que en esa jornada concluyeron en acuerdos y concesiones por parte del gobierno que, entre otros aspectos, se comprometió a “El cese de toda forma de violencia y amenaza venga de donde venga en el territorio nacional…”.
Un día después, seis miembros de una familia, incluidos dos niños, fueron asesinados en un incendio provocado por grupos irregulares afines al régimen con el apoyo de la policía. La violencia continuó el 22 de junio cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA publicó un informe exhaustivo sobre las violaciones de derechos humanos durante las protestas.
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En contacto con HRF, una fuente en Nicaragua que solicitó el anonimato por temor a represalias, indicó que la sociedad nicaragüense está muy preocupada por la implementación y proliferación de ataques selectivos contra civiles, que manifestó “no son más que una estrategia del gobierno para desalentar la protesta”. La misma fuente resaltó la importancia del comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicado esta semana, en el cual se reconoció de manera expresa la existencia de “violencia estatal” en Nicaragua.
De acuerdo con el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al menos 212 personas han perdido la vida como producto de la “acción represiva del Estado” hasta mediados de junio. Según otro informe elaboradopor la ANPDH, la cifra alcanzaría a 309 con la inclusión de personas desaparecidas y fallecidas hasta principios de julio. Las cifras de fallecidos, heridos, detenidos y desaparecidos son provisionales puesto que los hechos de violencia no han cesado hasta la fecha.
“Si bien es cierto que las protestas comenzaron por reformas en la seguridad social, la respuesta brutal y violenta del régimen parece ser la gota que rebalsó el vaso para los nicaragüenses. Nicaragua ha experimentado una grave alteración del orden democrático bajo Ortega, que ha ido de la mano de graves y reiteradas violaciones de derechos humanos. Las libertades de prensa y de asociación, el derecho a elecciones libres y justas y el derecho a la protesta están bajo ataque hace años”, dijo Rek.
“El régimen liderado por Ortega no es democrático y viola los principios de la Carta Democrática Interamericana, especialmente a partir de la implementación de reformas constitucionales y fallos judiciales ilegales para allanarse el camino al reeleccionismo indefinido. Ortega debe acoger la propuesta de elecciones presidenciales adelantadas realizada por la OEA y retirarse pacíficamente”, dijo Rek.
